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Proyecto de Reforma Integral a la Ley de la Corte de Cuentas: Asegurando las buenas prácticas de control en la administración pública

Sabemos que una de las principales competencias de la Corte de Cuentas de la República (CCR) es realizar el control posterior de la gestión pública, esto es, practicar las auditorías a períodos cerrados, citando como ejemplo que en el año 2020, la Corte podrá auditar todas las operaciones que se hayan efectuado en el año 2019.

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Carmen Elena Rivas Landaverde

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Sin embargo, de conformidad con el artículo 4 de la Ley CCR vigente, se puede actuar preventivamente, ya sea cuando el organismo fiscalizado o su superior lo soliciten a la Corte, o cuando la Corte lo considere necesario. Lo anterior significa que la prevención de cualquier irregularidad queda a voluntad de los funcionarios, tanto de las instituciones auditadas, como de los titulares de la CCR. Ello no sugiere que acciones de este tipo no se hayan llevado a cabo, ya que uno de los acontecimientos más relevantes de la vida gubernamental, como son los traspasos de mando del gobierno central y las municipalidades, demuestra que ha existido buena voluntad de ambas partes de hacer transiciones ordenadas, pero sobre todo de asegurar la veraz entrega y recepción de la información que cada gobierno saliente debe hacer a cada gobierno entrante, tales como: inventarios de bienes muebles, inmuebles, almacenes, bodegas, vales de combustible, claves de acceso y seguridad, respaldos del presupuesto ejecutado, saldos de cuentas bancarias, detalles de derechos y obligaciones, entre otros.

La verificación de los traspasos de gobierno es una práctica que poco a poco se ha ido convirtiendo en costumbre; no obstante, aunque esta Corte se encuentre en plena disposición de servir como ente garante en cada cambio de gobierno y haya instituciones colaboradoras, siguen existiendo casos de resistencia, que van desde aquellos que se niegan a entregar la información o la destruyen, hasta quienes no quieren recibirla en la forma o soporte en que se encuentra.

Para esta servidora, gran parte de las conductas de opacidad que lamentablemente persisten se debe a que la mencionada verificación no es ley; por ello, en el proyecto de reforma integral de la Ley de la Corte de Cuentas, sugerimos la incorporación expresa de esta facultad a la CCR para que obligatoriamente los servidores públicos entrantes y salientes se sometan de manera estricta a esta clase de procesos y dejen de estar a discrecionalidad de las administraciones.

Dicha regulación puede ser posible según la atribución novena contenida en el artículo 195 de la Constitución, ya que el constituyente determina que la CCR debe cumplir las demás atribuciones que las leyes le señalen, configurándose de este modo un amplio margen al legislador, en que puede asegurar que las buenas prácticas de control adquieran rango de ley.

Históricamente, la CCR es un Organismo que además de velar por la existencia de documentación –vital para realizar la fiscalización– ha castigado a los responsables imponiéndoles multas, cuando dicha información se ha destruido o se encuentra incompleta.

Las tendencias modernas sobre cultura de transparencia y de derechos humanos indican que la permanencia de archivos va más allá de su valor auditable, ya que además de incentivar los mecanismos de rendición de cuentas, y asegurar insumos que posteriormente servirán en las auditorías, intentamos por nuestro lado hacer prevalecer el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía, teniendo como grandes beneficiarios a las y los salvadoreños, no así el funcionario que se va o el que se queda, como erradamente se ha interpretado.

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