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Puntos a debatir

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La pobreza, la desintegración socio-familiar (producto de la masiva emigración) y la pérdida del sentido de pertenencia comprueban que el tema social debería ser parte de una agenda nacional. Pensar que el clima de inversiones es más importante que la cohesión social equivale a afirmar que la empresa vale más que la familia o que los negocios valen más que las escuelas. Lo cierto es que el país necesita fuentes de trabajo y educación de calidad. Es decir, el desarrollo económico es tan importante como el desarrollo social. La clave está en implementar políticas públicas coherentes, complementarias y efectivas.

En este contexto, convendría que los aspirantes a alcaldes, diputados y presidentes debatieran con la sociedad civil acerca del acceso de los jóvenes a una educación de calidad y al mercado laboral. Esta sería una acción positiva para favorecer la cooperación pública-privada. De avanzar en esta dirección, El Salvador sustituiría la polarización por el diálogo colaborativo y la exclusión por la cohesión social. De seguir relegando el tema social, se agudizará la crisis de credibilidad por la que atraviesan los dirigentes y partidos políticos.

Un hecho es incuestionable: el modelo centralista ha fracasado. El centralismo no da más (es similar a un carro con el motor fundido, las llantas pachas y sin gasolina). Es lógico, entonces, que los dirigentes partidarios opten por polarizar, alejar a los ciudadanos de las urnas y definir las elecciones con base en el “voto duro” (30 % del total del electorado). Otra alternativa sería colocar el tema social en la agenda nacional y motivar a la ciudadanía a ir a votar, para defender sus derechos e intereses. A continuación se plantean varios asuntos que convendría debatir responsablemente.

Asuntos municipales: (1) precisar las competencias y fortalecer las capacidades municipales dentro de una política de descentralización y desarrollo territorial, (2) revisar el FODES, el endeudamiento municipal y la base tributaria local, (3) fusionar ISDEM y FISDL, (4) desarrollar un manejo sostenible de desechos sólidos, (5) apoyar la prevención de la violencia, y (6) mejorar la rendición de cuentas.

Asuntos legislativos: (1) aprobar leyes relacionadas con políticas públicas que contribuyan a la resiliencia social y ambiental, (2) decretar presupuestos quinquenales de inversión pública, (3) suprimir el reparto partidario del aparato estatal, (4) fortalecer la institucionalidad para mejorar la investigación y el castigo del delito, (5) democratizar y perfeccionar el sistema electoral, y (6) racionalizar y transparentar el presupuesto legislativo.

Asuntos presidenciales: (1) lograr que la cohesión social sea una prioridad nacional, (2) transparentar y sanear las finanzas públicas, (3) ampliar las oportunidades de empleo en los catorce departamentos, (4) profesionalizar el servicio público, (5) mejorar la calidad de la educación y salud pública, y (6) recuperar el control territorial por una vía democrática.

Conclusión: los aspirantes a alcaldes, diputados y presidentes tienen la oportunidad de colocar el tema social en la agenda nacional. De hacerlo, se mejoraría la comunicación entre gobernados y gobernantes. Este punto es crucial porque los próximos gobernantes tendrán que hacerle frente –con escasos recursos– a la delincuencia, el desempleo y el retorno involuntario (deportación). El mayor riesgo de este escenario es que la desesperación e inseguridad ciudadana lleven a la anarquía, y esta propicie la implantación de la bota del siglo XXI (militarismo).

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