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¿Qué ha pasado con Probidad?

A mediados del año pasado destacábamos que se había abierto una nueva oportunidad en la historia de El Salvador en la lucha contra la corrupción; y aplaudíamos el hecho de que desde 2014, la Corte Suprema hubiera reactivado la Sección de Probidad a fin de investigar posibles violaciones a la Ley de Enriquecimiento Ilícito.
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A mediados de 2016 ya se conocía del inicio de juicios por enriquecimiento ilícito contra tres expresidentes de la República, un diputado y un exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Muy poco ha pasado desde entonces.

Desde hace meses se divulgó públicamente que existían más de 70 casos que estaban siendo investigados en la Sección de Probidad y que algunos de ellos ya se encontraban en su fase final, listos para ser sometidos a consideración y decisión de la Corte Suprema de Justicia en pleno. Pero de esos más de 70 casos, tan solo en uno hemos visto que se ha decidido algo al respecto.

Comprendemos y de verdad esperamos, que no todos los casos que están siendo investigados terminen judicializándose. Ojalá que como resultado de las investigaciones efectuadas, existan casos en los que no existan indicios de enriquecimiento ilícito; aún confiamos en la existencia de funcionarios probos.

Pero precisamente por eso es por lo que urgimos conocer el resultado de las investigaciones y exigimos que cuando los indicios sí existan, se proceda de inmediato a cumplir con lo que la ley ordena, trasladando su conocimiento a las Cámaras de lo Civil.

También comprendemos que la dinámica se haya visto afectada por el gran número de casos que ahora están bajo investigación, como igual somos plenamente conscientes de los limitados recursos con los que se cuenta, pero también sabemos que ya se ha reforzado el equipo que conforma la Sección de Probidad, por lo que pronto tenemos que estar viendo los frutos del esperado refuerzo.

Lo que no comprenderíamos y sin duda no avalaríamos es que factores exógenos estén dilatando la función que debe realizar la Sección de Probidad y la Corte Suprema de Justicia. Ya se dieron avances significativos en el combate a la corrupción por lo que ya no hay marcha atrás.

Los ciudadanos somos directamente afectados por el enriquecimiento ilícito de nuestros funcionarios, y por ellos nos corresponde exigir que todas las instituciones cumplan con su rol fiscalizador y sancionador; si tal rol no está siendo cumplido, nos corresponde denunciarlo y hacer uso de todas las herramientas legales que se encuentren a nuestro alcance.

Primero la Sección de Probidad, luego la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, deben actuar con el conocimiento certero de que en el país ya no queremos más funcionarios que se enriquezcan a costa de nuestras contribuciones, por lo que apoyaremos todo esfuerzo que objetiva e imparcialmente vaya encaminado a ese propósito.

Valga mencionar que en el caso específico de las investigaciones efectuadas por la Sección de Probidad, nuestra recomendación es que se involucre a la Fiscalía General de la República desde las primeras etapas, y que no tengamos que esperar una decisión de Corte en pleno para conceder apenas unos días a los fiscales que tendrán a su cargo la judicialización de los casos.

A todos nos interesa que si existen indicios de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía presente casos robustos y jurídicamente fundados.

Las Cámaras de lo Civil, por su parte, deben tener presente que están abriendo brecha con sus decisiones. No tenemos precedentes judiciales en esta materia, razón por la que su análisis debe ser aún más cuidadoso. Las líneas jurisprudenciales que surjan de estos casos marcarán fuertemente el devenir en el combate a la corrupción.

Reiteramos así nuestra exhortación para que las investigaciones de probidad retomen la dinámica que vimos en 2016.
 

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