Que las medidas excepcionales no se queden en eso sino que apunten a fortalecer la lucha antidelincuencial de modo permanente

Hay que actuar a la vez con diligencia, con buen juicio y con decisión. Es hora más que sobrada de recuperar el imperio de la ley, más allá de cualquier argumento mediatizador.
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Ante el embate criminal que viene convirtiendo el escenario nacional en un campo de batalla abierta y constante entre la autoridad y los delincuentes organizados, se ha decidido desde el Gobierno poner en acción medidas excepcionales de lucha, porque las condiciones tan apremiantes de la realidad exigen tomar medidas que vayan más allá de lo que hasta hoy se ha puesto en práctica. Aunque tal decisión combativa llega con evidente retraso, hay que tener en cuenta aquello de que es mejor tarde que nunca, y en tal sentido se tendrían que activar cuanto antes las medidas propuestas y otras complementarias que vayan necesitándose al ritmo de lo que tenga que hacerse para cortarle al crimen todas las ventajas que ha ganado en el terreno.

A la luz del anuncio de dichas medidas extraordinarias, los grupos pandilleriles salieron de nuevo con la oferta de recortar el número de homicidios a cambio de que tales medidas no se concreten en los hechos. El número de homicidios empezó a disminuir sin más, lo cual demuestra, como lo ha señalado el Director de la PNC, que son las pandillas las principales gestoras de la muerte violenta en el país. Y el hecho de que pueda producirse de inmediato dicha baja lo que indica sin ninguna duda es que los liderazgos de las pandillas controlan en gran medida la vida y la muerte en el país, haciendo que tal evidencia macabra justifique con razones insoslayables el imperativo de atacar a la criminalidad con todos los recursos que habilita la ley.

Por otra parte, en el planteamiento de las pandillas vuelve a quedar en evidencia lo que ya se ha dado en otras situaciones semejantes, como la fracasada “tregua” de 2012: que se habla de homicidios pero no se dice ni media palabra sobre la extorsión. Y es que ésta representa sin duda el principal sostén económico de los grupos delincuenciales en el terreno, al que se suma la comercialización de drogas. Si se atacara a fondo ambos flagelos, persiguiendo además los bienes adquiridos por medio de ellos, de seguro se estaría yendo mucho más al fondo de la problemática en juego.

Hay dos aspectos que son especialmente críticos: el dominio de territorios por parte de las fuerzas criminales y el control que los liderazgos de dichas fuerzas ejercen desde los centros penales, que los han convertido en refugios seguros para continuar con su accionar depredador. Entre las medidas propuestas hay algunas que se dirigen a darles tratamiento correctivo a ambas distorsiones, y lo que se espera es que las medidas pertinentes se apliquen sin contemplaciones ni medias tintas.

Es fundamental que el nuevo esfuerzo que está emprendiéndose tenga la suficiente fortaleza y continuidad para que los efectos positivos puedan verse lo más pronto posible, y de manera inequívoca y convincente. Hay que actuar a la vez con diligencia, con buen juicio y con decisión. Es hora más que sobrada de recuperar el imperio de la ley, más allá de cualquier argumento mediatizador. Aquí estamos ante una disyuntiva clara: hacer lo necesario para que la normalidad impere o seguir dejando que la anormalidad prospere como hasta la fecha.

Esperemos a ver los resultados de lo que ahora mismo se está impulsando, pero el tiempo de espera es tan mínimo que mañana mismo tendrían que empezar a percibirse las señales favorables. Y de ahí en adelante queda un largo recorrido.

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