¿Qué nos pasa?

Tomemos conciencia de que la soberanía reposa en nosotros, los ciudadanos, y que por lo tanto estamos en nuestro derecho de exigirles a los funcionarios públicos un desempeño honesto, transparente, eficaz y apegado a las leyes.
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“La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente”.

Martin Luther King

En El Salvador están sucediendo cosas que en cualquier otro país del mundo hubieran causado una firme reacción de la institucionalidad y una generalizada indignación popular.

Los casos recientes de espionaje contra entidades del sector privado, el maquillaje de cifras en el presupuesto de la nación, el secretismo de los gastos presidenciales, los pactos oscuros entre políticos y delincuentes, la incapacidad del gobierno para frenar la inseguridad y el aumento desmedido de impuestos sin resultados positivos para la gente son solo algunos hechos que ocurren en el país sin que a nadie se le responsabilice por ellos. En otras latitudes, a los causantes de hechos parecidos se les ha hecho pagar las consecuencias.

Por ejemplo, en México, la aprobación de un nuevo impuesto a la gasolina por parte del gobierno de Peña Nieto generó protestas masivas de parte de la población que en muchos lugares se han tornado violentas. Pero en El Salvador, el gobierno no solo le aumenta los impuestos, sino que ha cargado sobre la población veintiún nuevos tributos. Incluso habla se subirle al IVA. Pese a ello, la población sigue viviendo en constante zozobra.

En Brasil, el maquillaje de las cuentas públicas por parte de la presidenta Vilma Rousseff con artilugios que violaron la Ley de Responsabilidad Fiscal de ese país provocó que el Congreso brasileño la destituyera del cargo. Aquí, el gobierno presenta presupuestos mentirosos, los diputados los maquillan y aprueban, mientras el ministro de Hacienda hasta afirma que “nadie” –¿incluido él?– quiere cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y no hay quien cargue con ninguna responsabilidad.

En el mismo Brasil, altos funcionarios y ministros en el ejercicio de sus cargos implicados en el caso de corrupción de Odebrecht son capturados y enjuiciados por el Ministerio Público, mientras que otros renuncian avergonzados. En nuestro país, en cambio, aún esperamos se deduzcan responsabilidades por el pago de más de $108 millones a la empresa que hizo el hoyo de la presa El Chaparral y dejó la obra inconclusa.

En Irak, el ministro del Interior renunció a su cargo al reconocer fallas en la seguridad pública tras los atentados en Bagdad perpetrados por el Estado Islámico y que causaron más de 200 muertos. En contraste, en El Salvador, cerramos 2016 con 5,300 homicidios, las extorsiones aumentan y en lugar de reconocer su fracaso los encargados de la seguridad pública declaran, tranquilamente, que “vamos por buen camino”.

En Francia, un alcalde miembro del partido gobernante del expresidente Sarkozy fue procesado y encarcelado por cargos de corrupción; pero en nuestro país si un edil es mencionado en un caso evidenciado de ataques informáticos a medios de comunicación y en algunos negocios cuestionados, hasta puede darse el lujo de dirigir marchas para amenazar al Ministerio Público y de enjuiciar a los medios que publican las noticias sobre sus irregulares procederes. Y no pasa nada.

Finalmente, el emblemático caso Watergate, que desembocó en la renuncia del presidente Nixon por espiar a sus rivales del Partido Demócrata. Nixon renunció al verse descubierto. Los salvadoreños estamos por ver si las investigaciones de casos denunciados de espionaje a instituciones de la sociedad civil, gremiales empresariales y hasta la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia llegan a dar con los responsables y si se les aplicará la ley. Esperemos que en este caso no suceda lo mismo que con el Ferrari del redondel Masferrer o la camioneta de CAPRES.

Los salvadoreños haríamos bien en tomar lección de la forma cómo en otros países la población y la institucionalidad reaccionan para frenar los abusos, la corrupción y la ineficacia de sus gobernantes.

¿Qué nos pasa, salvadoreños? Tomemos conciencia de que la soberanía reposa en nosotros, los ciudadanos, y que por lo tanto estamos en nuestro derecho de exigirles a los funcionarios públicos un desempeño honesto, transparente, eficaz y apegado a las leyes.

Todos estamos moralmente obligados a hacer los señalamientos necesarios y a exigir que se sancione al servidor público inepto o que abusa de su cargo. Si hoy renunciamos a ese deber patriótico, mañana viviremos lamentándonos de una realidad que nosotros mismos toleramos.

No olvidemos que los pueblos sufren los gobiernos que ellos mismos permiten.

Tags:

  • espionaje
  • presupuesto
  • inseguridad
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