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¿Qué pasó con la Corte de Cuentas?

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El 24 de junio del presente año, la Sala de lo Constitucional dictó una resolución en la que declaraba inconstitucional el nombramiento de magistrados de la Corte de Cuentas, toda vez que, a criterio de la Sala, la Asamblea Legislativa no había justificado o razonado el cumplimiento de los requisitos constitucionales y la decisión de haber elegido a esos funcionarios y no a otros.

Al modular los efectos de su decisión, la Sala de lo Constitucional resolvió que los funcionarios cuya elección había sido declarada inconstitucional permanecerían en sus cargos hasta el 30 de julio del presente año, dando con ello un poco más de un mes para que la Asamblea Legislativa procediera a realizar de nuevo la elección.

Una vez más, como si se tratare de un asunto de poca trascendencia, los diputados de la Asamblea han incumplido con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y no parece que de verdad estén dispuestos a hacerlo en el corto plazo.

No solo porque se trata de una orden judicial, sino porque se trata de una institución –la Corte de Cuentas– encargada de fiscalizar en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional, la hacienda pública, la ejecución del presupuesto y la gestión económica de las entidades públicas, los diputados deberían estar pidiéndonos disculpas por su inexcusable retraso y deberían estar tomando las medidas necesarias para elegir en los próximos días.

Lejos de eso, la semana pasada escuchamos que algunos diputados manifestaron que al encontrarse discutiendo la situación fiscal y el endeudamiento país, no habían tenido oportunidad de entrarle a este otro tema.

Son 84 diputados, una larga lista de asesores y otra más larga lista de auxiliares y empleados legislativos, pero en más de 4 meses no han podido elegir a los titulares de una de las más importantes instituciones del Estado.

Han tenido tiempo para enfrascarse en discusiones estériles, para proponer decretos con claro tinte populista, para designar nuevas festividades, para otorgar condecoraciones que por su masificación comienzan a caer en descrédito, para seguir realizando viajes completamente innecesarios y hasta para preparar el sonado traspaso de la presidencia legislativa, pero no han tenido oportunidad de sentarse a elegir a los magistrados del ente contralor de la hacienda pública.

La Corte de Cuentas se encuentra acéfala y eso es responsabilidad exclusiva de los diputados de la Asamblea Legislativa. Las afectaciones que eso ya ha comenzado a generar en la ciudadanía son también su responsabilidad.

No podemos ni debemos acostumbrarnos a que los diputados cumplan con sus obligaciones constitucionales cuando les da la gana, razón por la que vamos a insistir con las acciones judiciales ya iniciadas en ocasión de la elección del Consejo Nacional de la Judicatura y vamos a comenzar a analizar las acciones que en este otro retraso pueden esgrimirse.

Con independencia de ello, instamos a los diputados de la Asamblea Legislativa a que prioricen la elección de la Corte de Cuentas y que no se escondan en la existencia de otras obligaciones que también les competen.

No nos pueden decir que no pueden prestar atención a más de un solo tema a la vez. No nos pueden decir que el tiempo no les alcanza. Estamos seguros que si al menos dedican la jornada laboral de 8 horas a las labores legislativas y si acuden con puntualidad a las comisiones que les corresponde, podrán sacar la tarea.

Al hacerlo, no pierdan de vista lo que ya explicó la Sala de lo Constitucional: deberán decirnos a todos los ciudadanos por qué razón eligen a unos y no a otros; deberán explicar por qué encuentran que algunos candidatos sí cumplen con los requisitos constitucionales y otros no. De no ser así, tendrán que volver a empezar.

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