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¿Qué significa un ajuste fiscal?

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Escuchando los diferentes puntos de vista, percibo que es difícil internalizar el significado del ajuste fiscal. Un ajuste fiscal significa, ni más ni menos, que una corrección de la gestión entre los ingresos y los gastos, para disminuir cuanto se pide prestado anualmente. De lo contrario, el único camino es endeudarse. Un ajuste significa que el Estado debe reconsiderar que los recursos disponibles no han correspondido con el crecimiento económico del país.

Un ajuste fiscal implica cambiar el comportamiento de los últimos años. Acorde con análisis técnicos, el ajuste implica pasar de un déficit a una situación de superávit, pero al nivel llamado primario; es decir, sin contar con los intereses de la deuda. La buena noticia es que, El Salvador, sí ha conseguido dicho nivel, en algunos años (1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 y 2007).

Un ajuste fiscal implica amortizar más de lo que se toma prestado, lo que haría disminuir paulatinamente el saldo de la deuda. Con excepción de los bonos emitidos, cuya amortización se realiza en el periodo de vencimiento del título, con un ajuste fiscal que alcance superávits, se abren las posibilidades, se amortiza más de lo que se presta y en caso del país, de cualquier tipo de deuda, incluida la de pensiones; lo que, en otras palabras, disminuye la dependencia por el Fideicomiso, y también de los LETES.

Un ajuste fiscal implica actuar en varias vías. El énfasis se ha colocado en impuestos, lo cual es importante, pero incompleto, ya que sin que los gastos también se adecuen a la realidad, no se realiza la corrección. Por otro lado, con relación al crecimiento, plantea cierto dilema. Un ajuste puede desmejorar, en parte el crecimiento económico, pero si el ajuste se sigue posponiendo, el camino equivocado del endeudamiento se hace más largo, y podría desembocar en una caída abrupta del mismo crecimiento. Por lo cual, se trata de crecimiento “y” ajuste, donde el crecimiento se potencie y no sea la excusa.

Un ajuste fiscal no necesariamente implica reducir gastos sociales. Datos de 2015 indican que el gasto en educación, salud, seguridad, obras públicas, programas sociales, FODES, más toda la amortización de la deuda, alcanzan una suma aproximada de $3,800 millones, lo que equivale al 75 % del gasto total del sector público no financiero, que totalizó $5,133 millones, sin contar intereses. Por tanto, se podría evaluar el beneficio del restante 25 %.

No hacer ajuste fiscal, sí implica necesariamente, dificultades para aumentar el gasto social. Sin ajuste, los recursos adicionales que se llevan al Estado, en mayor medida, tienen como destino intereses o sustituyen el financiamiento que propició ese gasto, pero no lo aumenta. Con ajuste, o con superávit, se cambiaría a una situación más propicia para que los ciudadanos vean materializados sus impuestos, en obras y servicios, e incluso que los esfuerzos contra la evasión y la elusión puedan ser transferidos íntegramente hacia el gasto social.

En conclusión, si el objetivo es ordenar las finanzas públicas aumentando el gasto social, debería buscarse disminuir la deuda sin excepción; buscando la solución siendo más eficientes, realizando un ajuste fiscal adecuado que nos permita ser superavitarios, para vivir con lo que tenemos, lo cual, aunque no es fácil, tampoco es imposible.

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