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¿Qué va a reformar?

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Sandra de Barraza - Columnista de  LA PRENSA GRÁFICA

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Se hizo público el decreto ejecutivo que designa al vicepresidente de la República responsable de elaborar una propuesta de reforma constitucional. Dice que el esfuerzo es a puerta cerrada. Si es así, inmediatamente surge la pregunta ¿es para tenerlo ocupado?

No dudo de que nuestra Constitución necesita adecuaciones. Pero, siendo la Constitución "un conjunto articulado de normas jurídicas básicas y superiores, que regulan la estructura, organización y funcionamiento del Estado y, las relaciones de éste (el Estado) y los gobernados en términos de ciertos fines, principios y valores que orientan el poder público y los derechos, deberes y garantías de los gobernados" (Eliseo Ortiz: Acuerdo de Paz y Reforma Constitucional), la tarea encomendada al vicepresidente no puede ser a puerta cerrada.

La Constitución no es una ley común. Su reforma procede cuando diez diputados la proponen y logran el voto favorable de la mitad más uno de los diputados en funciones. Esta reforma puede decretarse cuando es ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de dos tercios, es decir, con mayoría calificada. Nuestra Constitución "le apuesta más a la seguridad jurídica como garantía de la libertad y los derechos de las personas", por eso, cualquier reforma debe asegurar que tiene el concurso y el consenso de los soberanos, el pueblo.

Y hay más que debe tenerse presente. El mismo artículo 248 de la Constitución vigente establece que no se puede reformar los artículos que se refieren a la forma de gobierno, al sistema político, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Es decir, el título III, "El Estado, su forma de Gobierno y sistema político", con sus 7 artículos, no aceptan reforma.

Los soberanos, el pueblo entero, debe tener conocimiento y conciencia que El Salvador es un Estado soberano; que tiene territorio conceptualizado y delimitado; que el gobierno es democrático, republicano y representativo; que el poder emana del pueblo; que el pueblo tiene derecho a la insurrección; que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia es indispensable; y, que El Salvador promueve la integración humana, económica y cultural, especialmente con las repúblicas centroamericanas. El alcance de estos artículos no puede reformarse.

Muchos reconocemos la necesidad de hacer reformas a la Constitución. Por ejemplo, el 240 para que el tiempo de juicio por enriquecimiento no prescriba. El 191 y 192 para incluir a los magistrados de la Corte de Cuentas modificando el período de elección. El 182, 195, 208 para propiciar la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas de tres instituciones. El 174 para convertir la Sala en un Tribunal Constitucional. El 127 para asegurar que un diputado esté no más que 3 periodos en la Asamblea Legislativa. El 202 para que los alcaldes sean electos por cinco años con una sola reelección.

Hay otros artículos que merecen cambios y revisión en su redacción. Esta es MI opinión. Sin embargo, seguro que usted, lector, no está de acuerdo con lo que planteo, y así es y debe ser en un sistema democrático. La Constitución vigente tuvo cambios en 1991, los fundamentales y condicionantes de los Acuerdos de Paz, los que sentaron la base de la democracia y el Estado de derecho. Después de esto, se registran 16 reformas puntuales en 1997, 2000, 2003, 2006, 2008, 2009 y 2012. No hay más.

La puerta cerrada genera desconfianza y asegura inviabilidad.

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