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Queremos magistrados independientes en la Corte de Cuentas

Nuestra Constitución dice que la fiscalización de la Hacienda Pública y de la ejecución del Presupuesto estará a cargo de un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, que se denominará Corte de Cuentas, y agrega que una ley especial regulará el funcionamiento, jurisdicción, competencia y régimen administrativo de la referida institución.
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Esa ley especial reitera que la Corte de Cuentas es independiente del Órgano Ejecutivo, que esa independencia se fundamenta en su carácter técnico, por lo que sus actuaciones deben ser totalmente ajenas a cualquier interés particular. Como consecuencia del mandato constitucional, están sujetas a la fiscalización y control de la Corte de Cuentas, todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna. La jurisdicción de la Corte alcanza también a las actividades de entidades, organismos y personas que por cualquier motivo reciban asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos.

Como se desprende de lo anterior, el rol de la Corte de Cuentas es esencial, toda vez que quedan bajo su escrutinio y eventual juzgamiento las actuaciones que todos los funcionarios realicen al manejar fondos públicos. Si hay una institución con un rol protagónico en el combate a la corrupción, esa es la Corte de Cuentas.

En ese orden, el proceso de elección del presidente y magistrados de la Corte de Cuentas que lleva a cabo la Asamblea Legislativa debe procurar no solo cumplir con los requisitos formales establecidos en la Constitución, sino además debe asegurar que tales personas al ser de honradez y competencia notorias estén en capacidad de mantener la independencia institucional que claramente exige la Constitución.

Para nadie es un secreto que esta independencia no ha existido. La Corte de Cuentas ha sido una de las instituciones que tradicionalmente ha venido siendo parte de oscuras negociaciones y del tantas veces criticado cuoteo partidario; tenemos que reconocer que alguna complicidad ha existido de nosotros los ciudadanos, quienes con actitudes conformistas o con falsos sentimientos de impotencia hemos permitido que esto haya ocurrido por muchos años ¡pero ya no más! Ya no podemos permitir que la Corte de Cuentas esté siendo manejada por personas que indudablemente están comprometidas con intereses particulares, incluyendo por supuesto los intereses partidarios. Hace unas semanas vimos muy bien que los diputados de las diferentes fracciones políticas aseguraban que cumplirían con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional cuando esta resolvió que la elección de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas era inconstitucional, pero no se cumple con esa resolución cuando se monta todo un espectáculo para entrevistar potenciales magistrados de la Corte de Cuentas, que están completamente comprometidos con un ideario político partidario.

En este caso no pensamos que la sola afiliación o simpatía a un partido político sea per se motivo para descalificar a una persona y negarle la posibilidad de ser electa como magistrado de la Corte de Cuentas, pero sí somos de la opinión que los activistas de un partido, sus directores y quienes en general ocupan cargos organizacionales en estos no pueden ni deben ser considerados. Es imposible que en su ejercicio logren ser independientes.

Algunos diputados no cesan de añorar viejas prácticas; no desperdician oportunidad para intentar seguir realizando lo que podían hacer cuando la sociedad civil no había descubierto su capacidad de hacer uso organizado de las herramientas legales a su alcance. Lo que pedimos es una Corte de Cuentas fuerte, encabezada por personas de trayectoria intachable, independientes, que no teman ejercer legítimamente sus atribuciones y que solo esperen como recompensa el reconocimiento de una ciudadanía cansada de ver actuaciones impunes de los funcionarios públicos.

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  • ley especial
  • mandato
  • jurisdiccion de la Corte

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