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¿Quién es el presidente, Sánchez Cerén, Ortiz, Medardo...?

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El 6 de junio de 2016, este rotativo publicó mi artículo Licencias para Viajes del Presidente, en el cual señalé que nuestra Constitución de 1886 estableció por primera vez la prohibición al presidente de salir del territorio nacional sin licencia del Poder Legislativo, repitiéndose en la de 1939, que agregaba “a menos que lo exijan las necesidades de la guerra; pero en uno u otro caso deberá depositar el mando supremo en la persona que corresponda... excepto cuando salga de visita a un país centroamericano, si la ausencia... no hubiere de exceder de ocho días”; pero a partir de la Constitución de 1950 regresamos a la prohibición absoluta al presidente de salir del país sin licencia de la Asamblea (o de la Comisión Permanente, si estuviere en receso); y en la vigente de 1983 (art. 158), exclusivamente la prohibición de salir del territorio nacional sin licencia de la Asamblea Legislativa. No existe permiso múltiple como en las Constituciones de 1939 y 1945, ni ilimitado, ni por Decreto Legislativo, debiendo otorgar el permiso la Asamblea Legislativa (art. 131 nº 15) en cada ocasión, “previa ratificación personal ante la misma Asamblea”.

La Constitución al establecer las autorizaciones solicitadas por el presidente para salir del país, significa que los presidentes Magaña, Duarte, Cristiani, Calderón Sol o Funes no podían salir del país sin licencia legislativa específica, ni ahora Salvador Sánchez Cerén, porque de lo contrario se viola la Constitución.

No puede obviarse la formalidad de que el presidente se presente a la Asamblea a ratificar su solicitud, sea el viaje oficial o privado, reservándose el Órgano Legislativo la facultad de pedir detalles del viaje, su duración y objeto, si es oficial, por salud o vacaciones; y la Asamblea Legislativa, en nombre del soberano, el pueblo salvadoreño, por Decreto Legislativo le conceda el permiso y encargue al vicepresidente o designado las funciones presidenciales para que quede un registro oficial del período de la licencia y autorización al vicepresidente o designado para desempeñar el cargo de presidente.

No debemos continuar con la costumbre de que cuando viajaba el presidente, el vicepresidente recibía nota del Estado Mayor Presidencial comunicándole dicha ausencia y que como vicepresidente quedaba encargado de las funciones presidenciales, sino que la Asamblea Legislativa debe encargarle las funciones presidenciales al vicepresidente, para garantizar la constitucionalidad de sus actos. De otra forma ¿qué puede hacer constitucionalmente el vicepresidente Óscar Ortiz?

Dichas decisiones legislativas deben consignarse en Decretos Legislativos y publicarse en el Diario Oficial; así se puede comprobar el cumplimiento de la disposición constitucional y la capacidad del vicepresidente o designado, durante la ausencia, para desempeñar dicho cargo y la validez constitucional de sus actos; y además, determinar si este podrá ser candidato a la Presidencia en el siguiente período, porque constaría oficialmente en el Diario Oficial si ha “desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior”; y no quedar dependiendo de los archivos de Casa Presidencial, que pueden considerarse reservados o que se destruyeron, ¿o del Canal 10 para informarnos por el programa GOBERNANDO CON LA GENTE?

Finalmente de acuerdo con el art. 244 Cn., que establece “La violación de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley”, debe legislarse para todos los casos de violación de las disposiciones constitucionales; y ahora que se habla de reformas constitucionales establecer un juicio político (voto de censura), con todas las garantías individuales y las derivadas del cargo (incluyendo el antejuicio por la Asamblea Legislativa) para sancionar las infracciones a estas y otras disposiciones constitucionales.

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