¿Quién podrá defendernos?

La opinión de la gente está clara. Es generalizada la insatisfacción ante la incapacidad que tienen las autoridades del ramo de hacer cumplir con el artículo n.º 2 de la Constitución de la República. No hay seguridad. Son 24 homicidios diarios. Miles y miles de familias afectadas.
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En enero fueron 24 los homicidios diarios y la tendencia va para arriba. Son jóvenes, hombres, en edad productiva los que a diario quedan tendidos. Los homicidios se quedan en la impunidad. Cientos y cientos de familias afectadas. Nadie respeta a nadie. Y nadie se escapa.

¿Quién podrá defendernos? Dice el artículo n.º 168 de la Constitución de la República que es obligación y atribución del presidente de la República “organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil (PNC) para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, con estricto apego al respeto a los derechos humanos y bajo la dirección de autoridades civiles”. Legalmente es el presidente de la República el responsable de la institución que debe velar por la seguridad pública.

Dice la Ley Orgánica de la PNC que la conducción constitucionalmente asignada al presidente de la República lo hace “por intermedio del titular del Ministerio al que se le asignen las funciones de seguridad pública, que en todo caso, será diferente al de la Defensa Nacional”. Y en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el ministro de Seguridad tiene la obligación de “elaborar, en coordinación con los organismos que constitucionalmente tienen a su cargo asignadas las tareas relacionadas con la seguridad pública, los planteamientos y estrategias que integran la política de Estado sobre seguridad pública, debiendo incorporar obligatoriamente en los mismos, la prevención de la violencia y del delito, la rehabilitación y reinserción del delincuente y las medidas de represión necesarias para contrarrestar toda actividad delincuencial, con estricto apego a la Constitución y en el debido cumplimiento de las leyes secundarias correspondientes”.

Dice la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador que “el mando ordinario de la PNC lo ejerce el Director General, que es su máxima autoridad y representante legal”. Y dice la ley, en su artículo n.º 9, que le corresponde al director general “dirigir y controlar la ejecución de la política de seguridad pública elaborada por el gobierno”. Y dice la misma ley que “la estructura y organización de la PNC es de naturaleza jerárquica”. ¿De naturaleza jerárquica? Significa que allí no hay democracia. Allí no se decide por mayoría. La estructura de mando es vertical. Los de arriba dirigen, los de abajo, se someten. Y la PNC tiene 15 funciones. La tercera del artículo n.º 4 de la Ley Orgánica le atribuye la función de “mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública”. Los de seguridad deben dar seguridad. Los de seguridad no deben provocar inseguridad.

El mandato legal está claro. La responsabilidad de la conducción está nítidamente concentrada. Los aciertos y los desaciertos son fáciles de identificar. La opinión de la gente está clara. Es generalizada la insatisfacción ante la incapacidad que tienen las autoridades del ramo de hacer cumplir con el artículo n.º 2 de la Constitución de la República. No hay seguridad. Son 24 homicidios diarios. Miles y miles de familias afectadas. Son millones de dólares los que se pagan en extorsiones, millones que restan competitividad a las empresas. Con estos resultados ¡no se puede seguir haciendo más de lo mismo!

El presidente de la República recién ha cambiado a los titulares del ramo. El ministro pasó a asesorar, el director general de la Policía Nacional Civil a ministro y el subdirector general a director. Esta es la línea de mando. Y esta línea de mando está dejando, por acción y por omisión, que los subalternos olviden el carácter de la institución. Allí no puede haber provocación al desorden público. Los de la PNC no pueden alterar, suspender o paralizar el normal funcionamiento del servicio de seguridad, así manda la Ley Disciplinaria. Y la semana recién pasada alteraron la seguridad al que conduce la seguridad nacional en la propia Casa de Gobierno.

Hay una Ley Disciplinaria Policial que tiene definidas 15 faltas leves, 35 faltas graves y 33 faltas muy graves. En esa estructura y organización jerárquica de seguridad, las decisiones se toman de arriba hacia abajo. ¿Dónde está el Chapulín Colorado? ¿Tienen un plan de acción para viabilizar la política? Pregunto porque los bonos que ha ofrecido el comandante de la PNC significan al menos $73 millones anuales.

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