Reaccionen ante la inseguridad

Según el artículo 2 de la Constitución “toda persona tiene derecho (…) a la seguridad”. Eso, en palabras de la Sala de lo Constitucional, significa que todos tienen el “derecho de estar libres o exentos de todo peligro, daño o riesgo que ilegítimamente amenace los derechos”.
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No se trata de una simple aspiración. Es un derecho; un derecho verdadero. Y como tal, su contracara supone la obligación de parte de alguien para protegerlo.

Por otra parte, la Sala de lo Constitucional ha expresado que es el Estado, a través de sus órganos, el obligado a adoptar medidas pertinentes y previas para garantizar la seguridad material de cada individuo.

Desde distintas posiciones ideológicas suele debatirse en cuáles áreas debe o no participar el Estado. Pero en ese debate de ideas, hay un punto de consenso: El Estado debe garantizar siempre la seguridad de las personas. Es intrínseco a su naturaleza. Es ineludible esa obligación.

Y ni el Estado ni sus instituciones son entes etéreos. Hay individuos detrás de ellas que son los tomadores de decisiones. Hay individuos a quienes los ciudadanos, de manera directa o indirecta, les han confiado su poder soberano para que ocupen una función pública relacionada con la seguridad. Ellos son los responsables de garantizar la seguridad material de cada persona.

El fiscal general de la República, los jueces y magistrados competentes en materia penal, los 84 diputados, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el director general de la Policía Nacional Civil y el presidente de la República son, entre otros, los principales responsables de garantizar la seguridad material de cada persona en El Salvador.

Las lesiones o amenazas a la vida, propiedad e integridad tienen un responsable directo: el individuo que las comete. Pero cuando el problema se vuelve una metástasis, también son responsables quienes sistemáticamente han incumplido su obligación de prevenir o reaccionar eficazmente ante esas lesiones y amenazas; es decir, los funcionarios competentes en materia de seguridad pública.

En las últimas semanas el problema de inseguridad y violencia se ha agravado significativamente. En esta coyuntura es preciso señalar a estos funcionarios responsables y exigirles que reaccionen de inmediato. Que cumplan con su obligación.

Los ciudadanos les han encomendado provisionalmente su poder soberano. A cambio de ello esperan “estar libres o exentos de todo peligro, daño o riesgo que ilegítimamente amenace [sus] derechos”. En este momento es claro que se está incumpliendo con esa contraprestación puesto que en El Salvador no hay condiciones de seguridad.

Cada homicidio, cada extorsión, cada amenaza es una violación al derecho fundamental de un individuo. Y cada vez que estas ocurren y el sistema de persecución, investigación y juzgamiento del delito deja impune al culpable, ese individuo sufre una nueva lesión a sus derechos fundamentales.

La parsimonia, la corrupción y la ineficiencia matan. Nos están matando justo en este momento.

Los funcionarios responsables deben actuar. Sabemos que hay un gran esfuerzo y buenas intenciones de parte de la mayoría de ellos, pero la paciencia se agotó. Mas que intenciones necesitamos resultados inmediatos. Deben cumplir su obligación pues cada día que no lo hacen mueren más y más personas; el costo es muy alto.

Y las soluciones que ejecuten no solo deben ser efectivas sino que también deben respetar la institucionalidad y los derechos fundamentales. Hay que hacer oídos sordos a las irresponsables voces que exigen ajusticiamientos. No hay que satisfacer esa demanda de populismo, venga de donde venga. Soluciones de esa naturaleza, además de bárbaras, en el mediano y largo plazo son ineficaces y agravan aún mas los problemas de violencia.

Funcionarios, enfrentan una misión difícil, casi titánica. Pero para eso los ciudadanos les depositaron su confianza y les entregaron en administración su poder soberano. Reaccionen ya.

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