Realidades del adulto mayor

Cualquiera sea el nombre dado a las personas en etapa de senilidad: anciano, de la tercera edad o adulto mayor, siempre figurarán como un segmento poblacional poco atendido, vulnerable a los embates de la vida y hasta marginado por la sociedad; con mayor agobio cuando suma incapacidades físicas.
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Agrada el pronunciamiento en su favor, que reconoce el aporte a la sociedad en su vida productiva, publicado por la Asamblea Legislativa, asimismo las actividades organizadas en su mes por instituciones y comunidades, pero ello es insuficiente, se necesitan iniciativas más profundas y pragmáticas. La realidad nacional descubre que las acciones realizadas para su ayuda son microbeneficios focalizados y realzados publicitariamente. En otros países, los adultos mayores están insertados en programas en donde se les protege, se aprovecha su experiencia y hasta participan en la conducción laboral, con una asesoría valiosa. Esta situación empieza a generarse antes de una distante jubilación, cuando existen restricciones en los trabajos, con la exigencia de una edad tope, discriminatoria, la cual limita los empleos a gente menor de 35 años. Y, en relación con su retiro, las entidades que manejan los fondos de pensiones, en unión de manoseos estatales, no garantizan que lo ahorrado, con sus justos intereses, conduzca a una pensión digna.

En Chile, los fondos de pensión alcanzaron niveles exitosos, invertidos, en el exterior en renta variable y, en inversión nacional, en instrumentos de renta fija, prioritariamente. Sus cinco modalidades, según el nivel de riesgo, registraron rentabilidades positivas.

Es necesario que los jubilados –y en general los adultos mayores– tengan leyes y programas sostenibles. En Panamá, su Asamblea Legislativa aprueba aumentos estipulados –en nuestras leyes no se cumple la evaluación anual– a estas personas, obteniendo fondos de productos y servicios específicos, como los licores, casinos, juegos de azar, minerales no metálicos, productos derivados del tabaco. Este último es controversial –aunque mortal para la salud– porque fomenta el contrabando, con menoscabo de los ingresos fiscales. Esta recaudación de recursos podría favorecer otras situaciones.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Mesa Permanente sobre los Derechos Humanos de los Adultos Mayores afirmaron que a este sector solo le ofrecen “buenos discursos y pocos hechos a su favor”. Hasta han disminuido ciertas atenciones para ellos: largas colas en instituciones de salud y oficinas, sin trato preferencial. Muchos asilos de ancianos (recuerdo eran 28 hace años) dejaron de ser caritativos para convertirse en entes privados, lucrativos. Según estadísticas, la indigencia tiene niveles alarmantes y, en número, las mujeres superan al sector masculino, considerablemente.

En vista que los políticos no tienen en sus prioridades el bienestar de estas personas, a pesar de que en un futuro serán su relevo generacional, exhortamos a la sociedad a exigir la creación de un Instituto Salvadoreño del Adulto Mayor, que desarrolle, en verdad, una política integral, rectificadora y justa en el caso. Es una deuda moral y solidaria.

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  • adulto mayor
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