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Reconocer los errores para poder transformar

A los políticos del país les resulta difícil aceptar que se han equivocado, aún más cuando han sido elegidos para ejercer cargos públicos y por razones que no siempre tienen que ver con competencia, integridad y probidad. Se llenan de soberbia injustificada que ofende a la ciudadanía y perjudica grandemente al país. No admitir que han errado es una evidente falta de humildad, y sobre todo un freno a la transformación y al desarrollo del país

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Por no querer reconocer los errores recientes y del pasado, por no querer asumir responsabilidades, no querer cambiar, nos tropezamos con los mismos obstáculos y caemos en la misma trampa una y otra vez.

Las políticas de seguridad pública y ciudadana que se han implementado a la fecha no han funcionado. Independientemente de la terminología utilizada (mano dura/supermano dura/medidas extraordinarias) o que podría ser utilizada a futuro (mano implacable/puño de hierro/medidas excepcionales etc.), los resultados no son satisfactorios. Las causas estructurales que hacen de El Salvador una sociedad excluyente siguen igual. Oportunidades educativas, laborales y de esparcimiento decentes son reservadas únicamente a una minoría de la población. Una gran mayoría de las viviendas en el país no cumplen con estándares de calidad dignos (lo cual no abona a una mayor convivencia ciudadana). Y la política de seguridad pública y ciudadana, mayormente represiva, no es eficaz porque deja marginados y a menudo con programas improductivos, dos componentes elementales de la misma: la prevención y la reinserción.

La política fiscal, como instrumento de política pública, no cumple su función redistributiva. El Presupuesto General de la Nación es principalmente un instrumento de supervivencia, de mantenimiento del statu quo y de conservación de los privilegios, amiguismos, favoritismos y clientelismos. La evasión y elusión fiscal se señalan, pero tampoco surgen verdaderas medidas para combatirlas frontalmente. Las necesarias depuraciones y restructuraciones de algunas instituciones del Estado se mencionan, pero no se hacen efectivas. Y la ley de la función pública, para mejorar la transparencia, la calidad profesional y las inequidades salariales, aun si es considerada como beneficiosa para el país, se encuentra desde hace años (así como otras leyes) en fase de “estudio” en la Asamblea (y no es por falta de “expertos” y “asesores”).

Espero que algún día los políticos tengan la humildad de reconocer los errores y proponer verdaderos cambios para transformar El Salvador en un país más inclusivo y pacífico.

Cambios para finalmente otorgar a la política fiscal un rol primordial en la reducción de la desigualdad a través de una inversión pública y un gasto público adecuados, proporcionando principalmente servicios de calidad en educación, salud, vivienda e implementando programas orientados a la juventud salvadoreña. Cambios para que la propuesta de aumentar el IVA (un impuesto regresivo que afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad) sea remplazada por las siguientes medidas: depuración y recorte de gastos no necesarios, evaluación de los incentivos fiscales que se otorgan, fortalecimiento efectivo de las capacidades de recaudación del Estado, formalización de la economía e implementación de un impuesto al patrimonio (que podría ser utilizado para dignificar las viviendas del país). Cambios para realmente poder implementar, mediante el apoyo de fundaciones que lo han logrado, programas de reinserción y prevención eficaces y sostenibles en el tiempo.

Reconocer los errores para cambiar y poder transformar al país.

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