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Reducción de pensiones

Entre congratulaciones mutuas y apretones de manos de funcionarios del Órgano Ejecutivo y Legislativo, el 28 de septiembre, se reformó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, ratificándola el señor presidente de la República pocos minutos después, como parte del proceso de formación de Ley.

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A los periodistas que se encontraban presentes, como fedatarios de las actuaciones públicas, ante la ciudadanía, se les explicaron algunos aspectos de la reforma, evitando mencionar que mediante la misma se estaban reduciendo las pensiones a todas las personas que, al entrar en vigor la Ley del SAP (abril de 1998), tenían entre 36 y 55 años, los hombres, y 36 y 50 años, las mujeres.

Lo relevante sobre este tema está desarrollado en los artículos 68, 69 y 72 de la mencionada reforma, donde se reducen los montos de las pensiones, incluso de aquellas que ya fueron otorgadas a personas dentro esa franja etaria.

Para evitar señalamientos de inconstitucionalidad por la aplicación retroactiva de la norma, en el artículo 88 de la reforma, los legisladores establecieron que es de orden público e interés social; siendo esta una de las pocas excepciones que franquea la Constitución de la República para afectar derechos adquiridos; aunque en su artículo 21 se da la potestad a la Corte Suprema de Justicia para determinar si una norma es de orden público o no.

Es más, ante la necesidad de aliviar la presión fiscal para el Estado, a costa del sistema de protección social de la población salvadoreña, se modificó el artículo 197 de la Ley del SAP que normaba el reconocimiento de derechos de “Beneficio Definido”, como una regla simple del tiempo cotizado –como se hace en todo el mundo–, por otra disposición totalmente extraña a la doctrina de la Seguridad Social, donde se define la tasa de reemplazo como una anualidad cierta para los primeros 10 años de rentas (35 % del promedio salarial de los últimos 10 años), más un incremento del 1 % anual, hasta llegar al 55 % del referido promedio salarial –sin exceder los $2,000 de pensión–, cuando el afiliado cumpla los 80 años de edad; a pesar de que las expectativas de vida para los hombres, en El Salvador, es de 67 y medio años; mientras que para las mujeres, de 76.9 años, según datos publicados por el Ministerio de Economía para el quinquenio de 2010 a 2015.

En otras palabras, las personas dentro de la referida franja de edades (optados), que hubieren ganado hasta $600 mensuales, en promedio, en los 10 últimos años antes de pensionarse, recibirán $300 de pensión –de haber cotizado 25 años–; si ganaron $4,000 de salario, recibirán $2,000, menos un descuento del 10 %, como cotización a la Cuenta de Garantía Solidaria. Esto incluye a las personas de dicho grupo poblacional que ya está pensionada (artículo 69 de la Reforma).

Mediante esta reforma se liberó al Estado de muchas de sus obligaciones presentes y futuras, extinguiéndolas mediante una especie de decreto de reestructuración de deuda, donde a sus acreedores (la población pensionada y próxima a pensionarse) se le redujeron sus derechos económicos; mientras que a otros (los cotizantes jóvenes) se le trasladó una parte de esa deuda, lo cual espero poder explicar en otra oportunidad.

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