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Reflexiones en el 7º aniversario de la LAIP

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Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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El pasado 8 de mayo, conmemoramos que hace 7 años entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), con lo que se dio un avance importante al normarse una herramienta eficaz para la transparencia, rendición de cuentas, y para prevenir y detectar actos de corrupción, y que también es clave para el empoderamiento ciudadano.

Dicho avance posibilitó el ejercicio del derecho a saber, con lo que la información dejaba de ser un privilegio o algo alejado de la población. El brindar la información ya no podía quedar al capricho o arbitrio del funcionario de turno, ya no era un favor, sino que se convirtió en una obligación. Lo que buscaba la LAIP era contribuir a transitar de una cultura del secreto y la opacidad hacia una de la transparencia, lo que no sería fácil.

El rol del Grupo Promotor de la LAIP fue clave para que la LAIP fuera una realidad, misma que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2010, luego fue observada por el presidente, cuyas observaciones fueron aceptadas parcialmente. Si bien la aprobación de la LAIP coincidió en tiempo con el anterior Gobierno, se aprobó e implementó a pesar del mismo, pues hubo distintos obstáculos, tales como: un reglamento inconstitucional con ambigüedades y facultades para rechazar ternas de comisionados de forma arbitraria, y el atraso de 15 meses en conformar el IAIP, el cual además pasó 7 meses sin presupuesto. Asimismo, antes de integrar el IAIP se aprobaron reformas presentadas por el partido oficial, para que ya no diera órdenes sino que solo recomendables, mismas que tuvieron que ser vetadas debido al amplio rechazo ciudadano.

El IAIP ha funcionado de forma satisfactoria, salvo algunos deslices, como en el sonado caso de la información reservada de Casa Presidencial, y no ha estado ajeno a los intentos de querer controlarlo, tal como sucedió en 2017 con la manipulación para la elección del comisionado propuesto por los empresarios.

Ahora bien, todavía hay temas que resolver, como los abusos en las declaratorias de información reservada y de inexistencia de información; así como las impugnaciones a las resoluciones del IAIP en la Sala de lo Contencioso Administrativo por parte de funcionarios, mismas que no deberían proceder pero que para agravar la situación tardan años en resolverse.

La OEA recientemente ha generado discusiones para crear una “Ley Modelo de Acceso a la Información Pública 2.0”, con el propósito de tener una guía común actualizada para los países del continente que venga a reemplazar a la Ley Modelo Interamericana de 2010, y pueda inspirar nuevamente a las normativas nacionales. Abordará temas como las facultades de los órganos garantes, el régimen de excepciones, el acceso a la información pública en el poder judicial, la gestión documental y archivos, el acceso a la información de los partidos, etcétera.

Luego de 7 años en vigor de la LAIP, es necesario introducir reformas para fortalecerla e incluir los más altos estándares de acceso a la información pública, por lo que los insumos que surjan a partir de la nueva Ley Modelo de la OEA serán muy útiles, al igual que los aportes que brinden principalmente la academia, el IAIP y la sociedad civil.

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