Reflexiones en el segundo aniversario del IAIP

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha sido uno de los avances más notables que ha tenido el país en los últimos años en materia de transparencia y rendición de cuentas. El proceso de discusión de la ley fue ampliamente participativo, en donde el rol de la sociedad civil y en particular del Grupo Promotor de la LAIP fue clave para tener un cuerpo normativo conforme a los mejores estándares internacionales.
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Al aprobarse la LAIP, se completaba una etapa importante, pero el reto que se acercaba sería más complejo, pues venimos de una cultura del secreto y de la opacidad y queríamos transitar a una cultura de transparencia y acceso a la información. En efecto, hubo obstáculos, tales como: la emisión del Reglamento de la LAIP, que declaró inconstitucional la Sala de lo Constitucional; los retrasos en la conformación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); los intentos de reformas a la LAIP en febrero de 2013, que perseguían que el IAIP diera solo recomendables y no ordenara, lo que era lo mismo que derogar la ley.

En este mes de febrero, se cumple el segundo aniversario del IAIP, entidad fundamental para el goce del derecho del acceso a la información, pues es el garante y rector de la LAIP, el cual debe actuar con la mayor independencia posible. El IAIP enfrentó muchas adversidades desde el principio, como la falta de presupuesto, pero se considera que tuvo un trabajo satisfactorio velando por el acceso a la información, tal como sucedió con el caso de la información de la Asamblea Legislativa sobre sus asesores, obras de arte y regalos navideños, para mencionar uno de los más emblemáticos. Sin embargo, es preocupante y un grave retroceso la resolución emitida en diciembre de 2014 por el IAIP, en el proceso iniciado por la declaratoria de reserva de información de Casa Presidencial, sobre viajes ya realizados y actividades protocolarias de atención a funcionarios visitantes, servicios de publicidad y auditorías internas.

Los argumentos señalados por el IAIP en su resolución son jurídicamente muy débiles. Es ilógico pensar que se pone en peligro la seguridad presidencial por un viaje ya realizado si se conoce el precio de los boletos y se sabe quiénes integraban la comitiva. De igual forma, no tiene sustento decir que si se revela la información de los servicios de publicidad se atentaría contra el mercado y la competencia, lo cual ha sido duramente criticado por especialistas en derecho de la competencia.

Lamentablemente, el IAIP en esta resolución se equivocó en su interpretación y sería deseable que rectifique, o que al final sea la Sala de lo Constitucional quien dirima este caso. La LAIP está regida por el principio de máxima publicidad, pero en este caso lo que se está fomentando es todo lo contrario, la opacidad.

La información que no se ha querido revelar es pública de carácter oficiosa, que debe estar disponible por ley a la ciudadanía. Lo que llama la atención es ¿por qué hay tantas resistencias?, ¿qué se nos oculta a los ciudadanos que pagamos los impuestos con que funciona el Estado?

En este segundo aniversario del IAIP, no puede negarse que ha habido ciertos avances en acceso a la información, pero no son suficientes, aún queda bastante por hacer para consolidarlo, hay muchas resistencias de los entes públicos cuando se trata de información políticamente sensible. La ciudadanía debe tener presente que el derecho a saber le pertenece y debe exigirlo, y que el acceso a la información pública es un derecho y no un privilegio.

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