Reflexiones sobre una audiencia de pandilleros terroristas

Antes que nada, hay que partir de que la Sala de lo Constitucional declaró a las pandillas como grupos terroristas. Una vez establecido esto, es más fácil tomar partido.
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Sin embargo, si a estas alturas todavía hay alguien que tenga dudas, lo primero que hay que tomar en cuenta en un conflicto son las víctimas. Y, para el caso de las pandillas, cuentan por millares, y no solo por tener que entregar el dinero que ganan honradamente y con mucho esfuerzo, sino porque les arrebatan la vida de las maneras más atroces.

Cuando entrevisté a monseñor Fabio Colindres sobre su papel en la tregua, me dijo que era algo que tenía que ver con la confianza. Y yo le pregunté, y lo sostengo ante cualquiera que se desempeñe como vocero de estos grupos terroristas: ¿Se puede confiar en asesinos y violadores? ¿Vale la pena creer en alguien que no solo mata a otros por dinero o pensar diferente o verse diferente sino que lo hace con lujo de barbarie, desmembrando a sus víctimas?

En el debate está la afirmación de que un testigo criteriado es un criminal confeso que para lograr reducir su condena dirá cualquier cosa que endulce los oídos de la Fiscalía. Palabras más, palabras menos, ese es el argumento del expresidente Mauricio Funes cuando periodistas le preguntaron por el papel de su gobierno en facilitar la tregua. Y algo así dice también Paolo Lüers, columnista de El Diario de Hoy, quien antes ha divulgado los comunicados de los grupos terroristas (recuerdo, calificados así por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) a través de sus columnas y blogs.

Ha sido Lüers quien ha dicho en un texto publicado en El Diario de Hoy que los cabecillas (“líderes” para él) de las pandillas son hombres razonables e inteligentes y que tenían genuinamente el deseo de no seguir destazando a sus enemigos. ¿En esos asesinos sí se podía creer, pero no en los testigos criteriados? Es decir, en ambos casos estamos ante pandilleros, y lo más probable es que los testigos sean asesinos, pero, por eso mismo, son testigos de primera mano en contra de sus compinches.

En esta figura, la del “testigo criteriado”, aceptada dentro de la legislación salvadoreña para procesos judiciales, se parte del hecho que uno de los criminales delata a sus compañeros. No por esto es mejor, pero es una de las pocas maneras que hay para hacer avanzar el caso. Lo mismo hacen fiscales en otras latitudes del mundo, buscan que uno de los delincuentes traicione a los demás. Es cierto, hay que confiar en la palabra de un criminal. Pero, ¿no era eso lo que se nos pedía cuando solicitaban creer en las bondades de “la tregua”? Con la única diferencia que el “criteriado” tiene límites y no se escapa del castigo. La “tregua”, en cambio, era un cheque en blanco, que después vimos cuán alto llegó a ser.

No hay que perder de vista que el caso al que el juzgado recientemente levantó la reserva es el primero que involucra a 79 pandilleros acusados de cometer actos terroristas. Y lo que definan para este caso los testimonios de estos “criteriados” también será válido para otros procesos.

Sin embargo, no solo estos asesinos “criteriados” son los únicos que han revelado las intimidades de la tregua. En las entrevistas que la Fiscalía hizo a funcionarios de la gestión anterior (el viceministro de Seguridad Douglas Moreno, el director nacional de Centros Penales Rodil Hernández y el inspector de Cárceles Anílver Rodríguez) quedó bastante claro cuáles eran los privilegios que tenían los pandilleros dentro de las prisiones. Eran funcionarios públicos los que hacían estas confesiones ante la Fiscalía General de la República, a sabiendas de que si mentían incurrían en delito. Y ellos no son asesinos ni criminales convictos. Eran funcionarios públicos. Y fueron ellos los que primero revelaron los alcances oscuros y la forma de operar el mecanismo que devino en la reducción de asesinatos.

El nuevo fiscal general, Douglas Meléndez, ha dicho que ampliará las pesquisas de la tregua que hizo su antecesor. Es más, dijo que hará “una investigación más seria”.

¿No será esta, en el fondo, la razón del ataque a la cobertura de LA PRENSA GRÁFICA sobre el juicio contra los 79 pandilleros acusados de actos terroristas?

Calificar de irresponsable a un medio de comunicación por hacer su trabajo –denunciar corruptos, exponer a narcos o simplemente cubrir una audiencia– es una excusa que ya antes hemos escuchado. No es algo que nos preocupa.

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