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Reforma de pensiones

...Una propuesta donde ganan todos: los trabajadores aseguran mejores pensiones vitalicias, sin aumentar la edad para jubilarse; soluciona el problema fiscal, aunque el Gobierno pague mayor tasa de interés por los ahorros de los trabajadores que tomó prestado.
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“Iniciativa Ciudadana para las Pensiones” presentó una propuesta de “Solución Integral para las Pensiones”, que construyó con el aporte de COMTRADEFOP, que agrupa 125 sindicatos, 3 confederaciones y 15 Federaciones sindicales, 50 gremiales de ANEP, las AFP y la asesoría de expertos que realizaron el análisis financiero y la valuación actuarial.

Es una propuesta de alta calidad técnica, que protege los intereses de los trabajadores y alivia la crisis fiscal. Claramente, cuando hay conocimiento, se desea mejorar el sistema velando por los derechos de los trabajadores, no los intereses del Gobierno, era posible encontrar una buena solución.

Recordemos, el Gobierno primero trató de confiscar los ahorros de los trabajadores y, luego, propuso el sistema mixto, que soluciona el problema fiscal solo unos 13 años, para después caer en una crisis mayor.

La propuesta responde a las demandas de los trabajadores: “respeto a la propiedad individual” y “no incrementar la edad de retiro”. Además, solicitaron mejorar la rentabilidad, disminuida por el bajo interés que continúa pagando el Gobierno, incumpliendo cabalmente la sentencia de la CSJ. Por tanto, demandaron prohibir o limitar las compras obligatorias del Gobierno, participación en las decisiones de inversión y reducir las comisiones de las AFP.

Entonces, ante la demanda por mayor rentabilidad de sus ahorros, la solución se enfocó en promover la cultura del ahorro y con aportes mayores voluntarios, más la posibilidad de tener acceso a estos ahorros.

Así, la propuesta se enfocó en procurar: (i) mayor rentabilidad del ahorro, (ii) mayor cobertura y beneficios para el trabajador, y (iii) sostenibilidad de las pensiones. Es una propuesta integral, donde todas sus partes se relacionan como sistema, por lo que su aprobación puede tener ajustes, pero sin romper la armonía sistémica.

La mayor rentabilidad se logrará autorizando el acceso a fondos de inversión e infraestructura, en el país y el extranjero. Además, fomentando el ahorro previsional voluntario diferente al de las AFP –incluyendo sector informal, independientes y salvadoreños en el exterior–, donde el afiliado pueda usar esos recursos antes de jubilarse. Estos no son préstamos, no tienen comisiones.

La mayor cobertura y beneficios requiere unificar la información de las planillas de Salud y Pensiones, que los empleadores en mora sean reportados a la Central de Riesgo, y modificar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para que solo participen quienes estén al día con sus obligaciones previsionales.

Además, incluye un nuevo concepto, “Tratamiento especial para afiliados con enfermedades graves”, para que con sus ahorros puedan financiar sus tratamientos de salud, recursos que saldrán del mismo sistema de pensiones, sin intervención estatal.

Para garantizar la sostenibilidad de las pensiones se crea una Reserva de Pensión Vitalicia (RPV), para financiar los beneficios adicionales, aumentar las pensiones y asegurar un pago estable y vitalicio. Esto también permite reducir la presión fiscal por menores necesidades del Gobierno y del pago de pensiones mínimas.

Los trabajadores insistieron en no aumentar la edad para pensionarse, prefiriendo incrementar la tasa de cotización a 15 % del salario, mediante un 1 % adicional de “ahorro” de ellos mismos y otro punto porcentual aportado por los empleadores, para destinar 5 % al financiamiento de beneficios adicionales y RPV, y el otro 10 % irá a las cuentas de ahorros, comisión y seguro de invalidez y sobrevivencia. En esto, las AFP aportarán reduciendo 16 % sus ingresos. Además, los pensionados “optados” aportarían con una retención de 3 % sobre sus actuales pensiones. Así, todos contribuyen.

Si bien el Estado sigue siendo responsable del pago de las pensiones del ISSS e INPEP y el servicio de la deuda por Certificados de Inversión Previsionales (CIP), con esta reforma se renegociarían los CIP a 50 años, permitiendo pagar mejor tasa de interés por los ahorros de los trabajadores. Así y todo, el costo total para el Gobierno se reduciría de $16,685 millones a $8,677 millones, una reducción de 48 % del costo fiscal de las pensiones públicas, del viejo sistema, reduciendo el déficit 0.5 % anual. Es una propuesta donde ganan todos: los trabajadores aseguran mejores pensiones vitalicias, sin aumentar la edad para jubilarse; soluciona el problema fiscal, aunque el Gobierno pague mayor tasa de interés por los ahorros de los trabajadores que tomó prestado.

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