Reforma de pensiones y nueva deuda

La aprobación de la reforma de pensiones acaparó la atención, porque de ella depende la pensión de todos. Fue un proceso de consultas con expertos y organismos multilaterales, donde lo trascendente fue defender la propiedad privada de los ahorros, no aumentar la edad para pensionarse, y elevar la tasa de interés para asegurar una pensión digna. Eso se logró.

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En las negociaciones trabajaron por meses ARENA, GANA, PCN y PDC, para diseñar la propuesta “integradora”. El FMLN se negó reiteradamente a participar y de llevarlo a la Comisión de Hacienda, pero, ante la conformación de la Comisión Ad Hoc para el estudio final de la Reforma de Pensiones, el buen juicio lo llevó a incorporarse.

Así, todos los partidos hicieron importantes aportes y todos tuvieron que ceder en algo. Eso es negociar, y cuando se hace de buena fe, haciendo un lado los planteamientos ideológicos y centrándose en los intereses nacionales, se transforma en una actividad productiva y beneficiosa.

Este proceso “multipartidista” debe mantenerse, porque vienen grandes desafíos, como la aprobación del Presupuesto 2018, y la negociación de un Acuerdo Fiscal de Nación.

Junto con la reforma de pensiones, se aprobó la colocación de títulos valores por $168 millones, para que Hacienda cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de julio de este año y pague las obligaciones que el Ministerio de Hacienda no incluyó en el Presupuesto 2017. Ojo: esto terminó de comprobar que ese fue un presupuesto “mentiroso”.

Con este nuevo endeudamiento se pagará el subsidio de energía que no saldó CEL ($45.9mm); la devolución del IVA que Hacienda no puso en el Presupuesto porque habría un método de “autoliquidación”, que no aplicó porque se gastó el dinero ($34.8mm); devolver el impuesto sobre la renta, que no incluyó debidamente en el Presupuesto ($26.3mm); pago de pensiones del IPSFA, que ignoró Hacienda argumentando que no era problema de esa Cartera ($5.3mm); y la amortización de EUROS que, sabiendo que debía pagar, no lo presupuestó ($55.7mm).

Ahora se discutirá el Presupuesto 2018, que debe incluir “todos los gastos” del Gobierno, según la Ley de Responsabilidad Fiscal (art. 28) que ordena al ministro de Hacienda “presentar una declaración jurada de fiel cumplimiento”, para garantizar la “veracidad e inclusión completa de todos los egresos (en el) proyecto de Ley de Presupuesto General”.

Comenzamos mal. El Presupuesto 2018 se elevó a $5,498mm, con un aumento de 10.9% ($541mm) respecto a 2017, algo ilógico y falto de realismo ante la crisis fiscal. Si se espera un crecimiento económico de 2.5% y de la inflación 1.5%, el techo del aumento presupuestario debería haber sido 4% ($198mm) dada la realidad fiscal. Por tanto, ya viene inflado en $343mm. ¿Por qué esto? Para luego presionar por más endeudamiento. ¿Podrá el Gobierno comprender que el desafío es contener el gasto y, por tanto, el endeudamiento? Pareciera que aún no.

Por tanto, las discusiones del Presupuesto 2018 deberían considerar la situación fiscal, priorizar el gasto y ser realistas. Esto necesitará apertura y voluntad para ajustarlo, en un entorno multipartidista. De ser así, se daría un paso trascendental en la construcción de un Acuerdo Fiscal de Nación, que le facilite a El Salvador alcanzar la sostenibilidad fiscal y administrar responsablemente las finanzas públicas.

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