Reforma previsional: un desafío nacional

Desde que tengo conocimiento, no recuerdo una situación tan compleja como la que está pasando el país en estos momentos.
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Es más, pareciera que los espacios que abrió el Acuerdo de Paz para el entendimiento en la búsqueda de soluciones compartidas ante una problemática como la que nos agobia se han convertido virtualmente en campos de batalla que están echando por la borda las posibilidades de que la sociedad se desarrolle conforme a los presupuestos básicos de Chapultepec. En buenas cuentas, siguen coexistiendo el autoritarismo, la confrontación desgastante y la exclusión, así sea en una nueva versión. Y el caso de la reforma previsional, imprescindible como es, ilustra con una claridad meridiana lo más pernicioso de ese escenario: el autoritarismo.

Más allá del enfoque fiscalista con que está siendo abordado, es preciso insistir en que la reforma previsional involucra la solución de un problema que tiene amplias repercusiones económicas y sociales, con raíces históricas que informan del mal uso que tradicionalmente se ha hecho de los recursos públicos; donde el gasto dispendioso, la corrupción y las soluciones cortoplacistas han estado a la orden del día. En pocas palabras, no ha habido en los hechos un esfuerzo serio de administrar dichos recursos en concordancia con la capacidad del sistema económico para generarlos. Y la insistencia de considerar las obligaciones previsionales como responsables del 50 % del déficit fiscal así lo sugiere, pues con una simple operación contable se excluyen de las obligaciones corrientes del gobierno.

Este mero hecho ya ilustra la indisciplina fiscal que nos caracteriza. Y aunque parezca simplista y hasta ingenuo, al mismo puede atribuirse en buena medida la degeneración en que ha caído todo el modelo previsional que rige en el país desde 1998, cuando se sustituyó el esquema de reparto, entre otras razones por su generosidad, el manoseo financiero del mismo y las implicaciones del cambio demográfico. Por cierto, esto no lo quieren entender los defensores de un modelo mixto, que tiene a la base la virtual confiscación de buena parte de las cuentas individuales que administran las AFP.

La explicación de esa degeneración puede encontrarse en los abusos cometidos por la administración Saca contra el régimen contributivo y la irresponsabilidad del gobierno de Funes de no ajustar la tasa cuando la que servía de referencia para redituar los ahorros individuales se desplomó. Claramente, en ambos casos primó la racionalidad política, por no decir el populismo, sobre la racionalidad técnico-económica. Por ello es que hay en cualquier opción de reforma o en el colapso total del régimen una responsabilidad directa compartida de los gobiernos que han estado en el poder desde 2004 a la fecha.

Infortunadamente, la coincidencia de la noticia de que el gobierno presentará una propuesta de reforma –que seguramente solo el presidente, sus principales colaboradores y el partido conocen– con el desaire cometido por la señora presidenta de la AL, al no asistir a la reunión a la que había sido convocada por la SC para que explicara las razones por las cuales no había atendido el mandato de ajustar las tasas con que las AFP reditúan los ahorros individuales, solo confirma el autoritarismo y la exclusión de que hablábamos antes, así como la tirria contra la instancia responsable del control constitucional. Estos dos casos no son precisamente una muestra de la seriedad con que el gobierno debería estar viendo el problema; la noción más generalizada es que solo busca salir del problema fiscal que confronta, confiscando recursos privados, ganar tiempo y diluir el costo político de cara a los próximos eventos electorales.

Pero para entonces el problema no habrá desaparecido, y lo más seguro es que será más grave, tanto por la erosión de la capacidad contributiva del sistema económico, como por haber dejado inalterados los componentes paramétricos del régimen previsional: tasa de cotización, años de servicio y edad de retiro. Otros gobiernos, en cambio, elevaron totalmente esos parámetros para evitar un colapso tipo griego, aún a costa de desgastarse políticamente, un sacrificio que solo pueden hacer los verdaderos estadistas. Esto, por supuesto, ha implicado buscar consensos y hacer concesiones en busca del bien común.

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