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Reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Parte II)

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Óscar Álvarez

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Hace unos días, la Asamblea Legislativa organizó un foro para analizar el proyecto de reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Al evento fueron invitados conocedores en materia de compras del sector público y privado. De las notas periodísticas relacionadas, se deduce que el fantasma de la centralización de compras estatales impedirá momentáneamente la implementación de los Catálogos Electrónicos vía Convenios Marco.

Ante el peligro del entrampamiento de las reformas –y continuar en la zaga latinoamericana en materia de compras públicas–, escribo sobre la segunda forma de contratación propuesta por el Órgano Ejecutivo: Licitación Simplificada por Subasta Electrónica. Dicho procedimiento es fundamentalmente una Licitación Pública diseñada para adquirir bienes y servicios estandarizados (papel, combustible, seguros, etcétera), en la que el uso de las tecnologías favorece a una mayor participación de oferentes y a la obtención de mejores precios. ¿Cómo se facilita la participación de oferentes?

Actualmente, las empresas que desean participar en una Licitación Pública deben incurrir en gastos notariales de documentación legal/financiera y de compra de fianzas de mantenimiento de oferta. Asumidos los costos, deben desplazarse a cada institución, presentar cientos de hojas en sobres cerrados y básicamente perder una mañana o una tarde completa. Cuando la oferta es recibida, los precios quedan firmes y no pueden mejorarse.

Con las reformas se propone la simplificación en la participación de oferentes a través de: 1. Implementación de Registro Único de Proveedores, que eliminará los costos de presentación de documentos legales y financieros en cada proceso. 2. Implementación de declaraciones de mantenimiento de oferta en sustitución de las fianzas de mantenimiento de oferta. 3. Presentación electrónica de ofertas, para que todo proveedor –con su Registro Único vigente– se inscriba en línea en la Licitación y "suba" su oferta técnica y económica al sistema. Rápido, sencillo y seguro.

Una vez recibidas las ofertas en forma electrónica, cada institución calificará las propuestas técnicas, determinando quiénes pasan a la etapa de subasta electrónica a la inversa. Dicha etapa se realizará en forma automatizada y gratuita por un sitio electrónico. ¿Cuáles son los beneficios de la subasta?

Imaginemos una Licitación de mil computadoras, en la que participaron 3 proveedores que cumplen técnicamente. La oferta de Juan fue de $1 millón, la de Carlos de $975 mil y la de María $950 mil. En el esquema vigente, María obtendría el contrato por ser la oferta más baja. Con la subasta electrónica a la inversa Carlos, Juan e incluso María tendrían la oportunidad de mejorar su precio inicial a través de "pujas" sucesivas.

Si la negociación se cierra en $700 mil, la sola implementación de la Licitación Simplificada por Subasta Electrónica habrá permitido al Estado obtener un ahorro de $250 mil en la compra de computadoras. Si el lector extrapola este ejercicio a la compra de otros bienes en todo el Estado, las cifras anuales de potenciales ahorros serían mucho más elocuentes que los beneficios explicados en esta columna.

En definitiva, si la Asamblea Legislativa aprueba la Licitación Simplificada por Subasta Electrónica, gana el Estado con más oferentes, ganan los empresarios con más oportunidades transparentes de negocio y gana el contribuyente con un mejor uso de sus impuestos. Si algunos gobiernos municipales y mypes tienen problemas de conectividad, utilicemos el incremento al FODES e involucremos a CONAMYPE para crear mecanismos que viabilicen la reforma.

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