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Por el Imperio del Derecho “La democracia no es simple suma aritmética de votos. Para hablar de una democracia constitucional se necesita que el consenso sea la regla general, y la ventaja aritmética de una mayoría, la excepción”. Eso dijo la Sala de lo Constitucional en el proceso 33-2015.

En esa sentencia se rechazó la reforma constitucional que pretendía ampliar el plazo de los diputados y concejos municipales. Tal acuerdo fue aprobado el 23 de abril de 2015, luego de celebradas las elecciones legislativas y siete días antes de que tomaran posesión los diputados del período 2015-2018.

El proceso de reforma constitucional exige que una legislatura apruebe el acuerdo de reforma y la siguiente lo ratifique. La Sala consideró que debió haber sido aprobado previo a la campaña electoral para las elecciones que conformarían la legislatura 2015-2018. Solo así, dijo la Sala, los ciudadanos podrían haber decidido por quién votar, evaluando las posiciones de las ofertas electorales respecto a esa iniciativa.

Aprobar el acuerdo de reforma constitucional luego de celebradas las elecciones de 2015 hizo “imposible que los ciudadanos pudieran incidir en la conformacio´n de la legislatura encargada de la ratificacio´n”. Sortear la voluntad popular supuso una violación al principio de legitimación popular indirecta de la reforma constitucional, agregó la Sala.

Por el mismo motivo en enero pasado la Sala ordenó que la Asamblea Legislativa no ratificara el acuerdo de reforma constitucional que establecía que el matrimonio debía ser entre hombre y mujer “así nacidos”. El problema fue que se aprobó el decreto, también, en un período inter-legislaturas.

Como sabemos, el 4 de marzo fueron las elecciones parlamentarias. A partir de ellas, el 1 de mayo entrará una nueva legislatura con una conformación significativamente distinta a la actual.

Hoy, como ocurrió en 2015, varios diputados aprovechan el ínterin entre la elección y el cambio de legislatura para aprobar a toda prisa iniciativas que les interesan. El 19 de marzo un diputado presentó iniciativa para aprobar un acuerdo de reforma constitucional sobre la pena de muerte. Aprobándola en esta legislatura con 43 votos, parece que el parlamentario calcula que la conformación de la nueva legislatura le sería favorable para ratificar el acuerdo y consumar la reforma constitucional.

Al presentar tal iniciativa en este momento, evitó que se realizara una fase informativa para que los ciudadanos decidieran su voto considerando la posición de las ofertas electorales ante esa moción. Por ello, tal iniciativa es inconstitucional.

Por otra parte, otros diputados intensificaron su impulso para excluir ciertos supuestos del delito de aborto, apostándole a la nueva conformación. No necesitamos adoptar una posición sobre el fondo de este asunto para señalar que aunque la aprobación de reformas legislativas en este período –y particularmente una de esta trascendencia– no puede considerarse inconstitucional de acuerdo con la jurisprudencia relacionada, impulsarlas en esta coyuntura sí adolece de un problema de legitimidad.

Los resultados de las elecciones del 4 de marzo revelan la expresión actual de cómo los ciudadanos quieren que se conforme el pluralismo legislativo. No estamos diciendo que los diputados ya no pueden legislar de acá al 1 de mayo, pero la cautela debe imponerse ante una reforma de tanta trascendencia; de lo contrario, termina siendo un atajo para eludir la voluntad democrática vigente. Y tampoco eso es aceptable.

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