Reformas insuficientes al CPCM

Desde 2012 venimos abogando porque se revise el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), de manera tal que puedan corregirse errores que desde su entrada en vigor están dando serios problemas de aplicación e interpretación en nuestros tribunales. Pero de todos los problemas que hemos venido denunciando, destaca por su trascendencia el que se genera con la actual estructura del recurso de apelación.
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El CPCM dice que el apelante presentará su escrito de apelación expresando las razones en que funda el recurso; luego de esto y asumiendo que el recurso es admitido por la Cámara de Segunda Instancia, ese Tribunal debe convocar al apelante y al apelado a una audiencia, y será solo hasta que se celebre esa audiencia, que el apelado tendrá oportunidad de presentar oralmente sus argumentos. En otras palabras, la fase escrita en el incidente de apelación se limita únicamente a la interposición del recurso; no existe, regulada, una contestación escrita de este.

Hemos insistido en señalar que tal configuración del recurso genera una verdadera situación de desigualdad procesal en perjuicio del apelado. La práctica ha demostrado que en muchas ocasiones los magistrados de segunda instancia llegan a la audiencia con la apelación ya decidida en uno u otro sentido, sin siquiera haber escuchado la posición del apelado. Los magistrados se presentan a la audiencia con una decisión ya tomada, habiendo analizado una sola cara de la moneda.

Cuando en 2014, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) tomó la iniciativa de realizar un foro de discusión del CPCM, involucrando a magistrados, jueces, fiscales, procuradores y otros funcionarios, aplaudimos la iniciativa y pensamos que el problema sería resuelto; no fue así.

Hace apenas unos días, se aprobaron reformas al CPCM, pero nada se hizo con relación a esto que describimos. El pasado 21 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó reformas en virtud de las cuales, por un lado se amplía el tiempo de exposición que tienen las partes en los alegatos finales en las audiencias; y, por otro, se permite a los jueces tomarse unos días más para dictar sus fallos luego de finalizadas las audiencias.

Pensamos que tales reformas, aunque no eran imprescindibles, están bien; pero sin duda se desaprovechó una excelente oportunidad para introducir de una sola vez todas las modificaciones que el actual proceso requiere, sobre todo las relacionadas con el recurso de apelación.

Además de lo anterior y siempre sobre dicho recurso de apelación, hace falta que de manera definitiva se establezca cuál es el momento a partir del cual debe computarse el plazo para la interposición del mismo y hace falta aclarar cuál es el momento y forma para adherirse a la apelación.

Importantes reformas también son requeridas en asuntos tales como los alcances de la supletoriedad prevista por el mismo Código, las comunicaciones judiciales y métodos de emplazamiento, los requisitos de la demanda y contestación, la prueba testimonial y pericial, la adopción de medidas cautelares, el proceso ejecutivo y la ejecución de sentencias.

Lo que decimos es que las dos materias en las que se concentraron las reformas ya aprobadas, alegatos finales y tiempos para anunciar el fallo, son insuficientes. A estas alturas ya son varios los problemas que en la práctica se han identificado por lo que no hay razón para no haberles dado tratamiento de una sola vez.

Con todo y ellos, nos ponemos una vez más a disposición de la UTE y de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, para trasladarles nuestras preocupaciones y propuestas de solución. Nuestro interés es contar con una normativa procesal que no solo refleje las más modernas prácticas en esta materia, sino que también facilite la labor de los juzgadores y propicie un tratamiento igual a las partes.

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