Reformas no han fortalecido Corte de Cuentas

A finales de 2016, la Asamblea aprobó ciertas reformas a la Ley de la Corte de Cuentas. El anunciado propósito, según explicaron algunos legisladores, era fortalecer la labor del ente contralor y evitar el excesivo presidencialismo del cual ha estado impregnado su actuar.
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Pensamos que se dejó escapar una importante oportunidad para fortalecer en serio a esa institución y que, contrario al anunciado afán, hemos retrocedido en la búsqueda de dotar de verdadera autonomía a la Corte de Cuentas.

La Asamblea decidió modificar el art. 2 de la Ley, en el que –hasta antes de la reforma– se establecía que la Corte de Cuentas tenía independencia del Órgano Ejecutivo en lo funcional, administrativo y presupuestario, y que cualquier ajuste que la Asamblea quisiera introducir al presupuesto de la Corte debía hacerse en consulta con esa institución y con el Ministerio de Hacienda.

Hasta antes de la reforma, tal disposición se encontraba en sintonía con el art. 195 de la Constitución, el cual establece que la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular estará a cargo de un organismo independiente del Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, las reformas introducidas eliminan la independencia presupuestaria de la Corte de Cuentas y establecen únicamente la independencia funcional y administrativa. Ahora la Corte elaborará el proyecto anual de ingresos y egresos de la institución, atendiendo a los procedimientos presupuestarios establecidos por la Ley de Administración Financiera del Estado y el Ministerio de Hacienda.

Habiéndose eliminado la referencia expresa a la independencia presupuestaria, no cuesta imaginar qué es lo que sucederá cuando se reciba este “proyecto” en el Ministerio de Hacienda, sobre todo en el contexto actual, en el que no se logra arreglar las finanzas públicas.

En otras oportunidades hemos hecho notar que instituciones como Corte de Cuentas y Fiscalía General requieren contar con independencia presupuestaria. Hemos dicho que es imprescindible que organizaciones de la sociedad civil y entidades gremiales nos sumemos a las exigencias de lucha contra la impunidad y la corrupción en nuestro país.

Pero también hemos sostenido que para dar paso a esa exigencia hay que partir por entender que ninguna propuesta es viable si no contamos con instituciones que transpiren independencia; y que eso inicia por su presupuesto. Las reformas introducidas no solo van en contra de esa independencia, sino además entrañan una posible violación de rango constitucional cuyo análisis ya hemos iniciado.

Pero además de ese marcado retroceso, se perdió la oportunidad de reforzar las facultades de Corte de Cuentas y de reestructurar el ya obsoleto juicio de cuentas.

Por ejemplo, los juicios de cuentas prescriben en solo dos años, lo cual es un plazo demasiado corto que termina siendo permisivo con la corrupción y la impunidad. Además, en el juicio de cuentas se prevé la participación de la Fiscalía, quien en su rol constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad, así como los intereses fiscales, está llamado a exponer su punto de vista sobre las investigaciones efectuadas por Corte de Cuentas. Si identifica un ilícito, la Fiscalía debe colaborar con Corte de Cuentas y promover las acciones que estime oportunas.

Tan transcendental responsabilidad no puede cumplirse si los fiscales asignados a Corte de Cuentas tienen apenas tres días para estudiar el expediente administrativo y presentar su posición; a veces sobre casos sumamente complejos.

La Asamblea Legislativa pudo haber reconfigurado ese proceso y respetando siempre el debido proceso y la garantía de audiencia, pudo haber propiciado una más relevante, equitativa y oportuna participación de la Fiscalía.

En la lucha contra la corrupción y la impunidad, apuntemos a una mayor colaboración interinstitucional, transparencia en la gestión pública y autonomía institucional. No lo hagamos al revés.

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  • corte de cuentas
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