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Refuerzo a la institucionalidad

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Luis Laínez

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La democracia necesita instituciones fuertes, que sean respetadas y que tengan trayectorias intachables. Por eso no es ninguna cosa buena que desde el 21 de septiembre El Salvador no tenga procurador para la defensa de los Derechos Humanos. La PDDH, una institución surgida de los Acuerdos de Paz, está sin cabeza porque no ha habido suficiente acuerdos entre los políticos para elegir al sucesor de Raquel Caballero de Guevara.

¿Qué ha sucedido en el pasado con la PDDH (así como con la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República e incluso la misma Corte Suprema de Justicia)? Que se ha convertido en una pieza más dentro de una negociación más grande.

Los partidos en el gobierno han movido sus fichas legislativas para hacer equilibrios con el resto de las fuerzas políticas. En donde lo teníamos más claro era con el Tribunal Supremo Electoral: el partido ganador ponía al presidente y luego uno más de los partidos en segundo y tercer lugar. Los dos últimos puestos eran de la CSJ, formalmente "neutrales" (en la práctica, uno del partido ganador y otro del partido en segundo lugar). Así pasó hasta que llegó el gobierno de Nayib Bukele.

Bukele no tiene propiamente una bancada parlamentaria. Ganó con la "bandera de GANA" (bueno, era una versión de su movimiento Nuevas Ideas, pero con el registro electoral de GANA), sin que GANA sea realmente su partido político. Aunque resulte raro, GANA no es el partido en el gobierno, aunque haya sido el que llevó de candidato a Bukele. Tanto es así que solo hay un miembro del gabinete abiertamente de ese partido y se trata de un viceministro, el de Agricultura.

Así, GANA puso a la magistrada presidente del TSE, ARENA al segundo y FMLN al tercero. Los otros dos, de la CSJ… pues ninguno parece ser de GANA.

Con el caso de la PDDH también parece que estamos frente a un ejercicio del estatus quo anterior, en donde las bancadas con más diputados (ninguna de ellas en el gobierno) pulsan para ganar ese espacio. Eso, en el fondo, no es bueno para la fortaleza institucional de la PDDH, ni para el resto de la institucionalidad del país.

Es irónico que los llamados a la institucionalidad vengan de afuera, de congresistas de Estados Unidos que están pendientes que la CICIES sea independiente y ajena de los partidos políticos, con una regulación de la OEA y de la ONU, pero dentro del marco constitucional salvadoreño.

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