Régimen jurídico de los servidores públicos

La Constitución establece la obligatoriedad de legislar sobre el régimen de los servidores públicos. Así, el artículo 219 dispone de la siguiente manera: “Se establece la carrera administrativa.
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 La ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración; las promociones y ascensos con base en mérito y aptitud; los traslados, suspensiones y cesantías; los deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten; asimismo garantizará a los empleados públicos a la estabilidad en el cargo”.

¿Por qué es importante un régimen especial sobre el tema? Porque naturalmente existen pocos incentivos para generar eficiencia y eficacia dentro de esta, y porque las consecuencias derivadas de las actividades laborales dentro del aparato burocrático afectan el funcionamiento del país en todos sus ámbitos.

Actualmente, el régimen señalado se encuentra plasmado en la Ley del Servicio Civil de 1961. Al estudiar la mencionada norma se hace evidente la necesidad de refrescar la regulación concerniente a los servidores públicos en muchos aspectos, principalmente en el institucional.

La ley crea las comisiones del servicio civil conformadas por empleados de cada una de las instituciones que por ley están a obligadas a conformarla, y sus funciones se entienden inherentes al cargo que desempeñan, según su artículo 8.

Las comisiones tienen como atribuciones específicas: formar el escalafón de los funcionarios y empleados, seleccionar los candidatos que sean elegibles para ingresar al personal comprendido en la carrera administrativa, rendir informe al Tribunal del Servicio Civil en el que consten las especificaciones necesarias respecto de cada uno de los empleados, efectuar y calificar las pruebas de idoneidad, conocer en única instancia de los casos de amonestación de los funcionarios o empleados en el ejercicio del cargo o empleo y conocer en primera instancia en los demás casos de sanciones establecidas. Resulta claro lo relevante de las funciones de las comisiones, así como lo exigente que podría resultar dicha actividad.

Sin embargo, dado como la ley configura la función, los servidores públicos electos para tal cargo deben realizar dichas actividades paralelamente al trabajo ordinario que desempeñan. Además, la ley no posee mecanismos coercitivos para que las comisiones realicen lo dispuesto jurídicamente.

La ley crea también un ente: el Tribunal del Servicio Civil como el máximo aplicador de la ley, que principalmente, conoce en recurso de revisión y de nulidad de las resoluciones de las comisiones de Servicio Civil, conoce de las reclamaciones que se presenten contra las demás resoluciones de las comisiones de Servicio Civil o de los jefes de dependencia, rehabilita a los funcionarios o empleados destituidos y dirime los conflictos de competencias que se suscitan entre las comisiones de Servicio Civil. Sin embargo, esta entidad aunque realiza una importante labor, no posee las facultades legales de “ente rector” de la materia, en el sentido que pueda verificar y controlar coactivamente el cumplimiento de la toda la regulación, sino que se ve limitada al tema sancionatorio de los servidores.

En este sentido, la iniciativa de Ley de la Función Pública propuesta por el Órgano Ejecutivo constituye un paso adelante en la modernización del aparato estatal, estableciendo de manera acertada el andamiaje institucional que haga funcionar de manera más acertada el régimen de los servidores públicos. Posteriormente detallaré puntos más importantes de dicha propuesta.

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