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Recientemente la Universidad Francisco Gavidia, a través del ICTI y el Centro de Estudios Ciudadanos, publicó la encuesta denominada “Evaluación de la Gestión del Segundo Año de Gobierno del Presidente Sánchez Cerén”, que es pertinente analizar desde la academia sin matices políticos ni sesgos ideológicos.
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La ficha técnica consiste en un estudio cuantitativo; el tipo de entrevista es visita a hogar, el informante son las personas mayores de 18 años con DUI vigente y residente en el municipio, el trabajo de campo se realizó del 16 al 23 de mayo de 2016.

Se entrevistó efectivamente a 1,298 personas a nivel nacional, el nivel de confianza es del 95 % con un error muestral + 2.8.

De manera que el estudio realizado cuenta con la base científica que garantiza objetivamente los resultados obtenidos. Ahora bien, de la encuesta se desprende la calificación que la población entrevistada le otorga a la gestión del presidente Sánchez Cerén. Evidentemente continúa reprobado al igual que su primer año de Gobierno, aunque ha habido un leve repunte, el cual está asociado a las medidas extraordinarias aplicadas a los centros penales.

Si bien es cierto ha habido una mejoría en el tema de seguridad, debido a que han bajado levemente las extorsiones y los homicidios, la población sigue resintiendo la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación y las pocas oportunidades que existen dentro del territorio para generar ingresos que le permitan hacerle frente a las múltiples obligaciones.

Esto asociado al mal rumbo económico que lleva el Estado, ya que no se han generado las condiciones necesarias para atraer invención extranjera y mejore el clima de inversión, que a su vez está conectado con los índices de competitividad que miden la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos con la optimización de los recursos.

En el caso de El Salvador, los funcionarios de turno no solo han despilfarrado los pocos recursos que se tienen, sino que han hecho un mal uso de los ingresos distribuyéndolos desproporcionadamente en gastos de viajes y viáticos, vehículo de lujos, bonos, festejos, regalos, contrataciones fantasma.

Nepotismo, donde hay diputados que tienen asignados 35 personas a su servicio, fracciones políticas con más de 329 empleados, lo cual evidencia abuso de autoridad y derroche de recursos. De modo que estos despilfarros son generalizados en los tres Órganos de Estado, qué decir del intercambio de contrataciones, donde funcionarios contratan al pariente del juez, y el juez contrata al pariente del funcionario para no dejar huella.

Todo ello ha llegado a los oídos del pueblo, y a la vista de todos han estado los excesos de los gobernantes en los últimos años. De ahí surge el descontento de la población, que nunca hay dinero, para medicinas, para infraestructura e implementos hospitalarios, para pagar mejores salarios a los policías y militares, menos para hacerle frente al problema pandilleril que tiene al país en caos.

Pese a que en los últimos siete años han surgido más de 20 impuestos que han pulverizado las finanzas de los salvadoreños y aunque el Gobierno juró que el último impuesto sobre el consumo telefónico y sus derivados era para seguridad, sabemos que lo han utilizado para cubrir otros gastos.

La queja del pueblo es porque el Gobierno nunca se sacia de recursos recién se aprobó los $152 millones, pero ahora resulta que siguen necesitando $1,200 millones más. Lo mejor sería recortar los subsidios, apretarse el cinturón y perseguir la evasión y el contrabando.

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