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Respeto a la institucionalidad

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Centro de Estudios Jurídicos

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En días recientes la Sala de lo Constitucional resolvió la primera controversia constitucional entre la Asamblea Legislativa y la presidencia de Nayib Bukele, relacionada con las reformas a la Ley del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). La sentencia emitida es importante, no solo por su contenido, sino también por el contexto y la demostración de respeto a las instituciones brindada por los funcionarios involucrados.

En primer lugar, queremos insistir en la naturaleza jurídica del proceso de la controversia constitucional. No se trata de una pugna, choque o conflicto entre poderes del Estado. Este proceso especial, previsto en el artículo 138 de la Constitución, es una etapa propia y natural en cualquier proceso de formación de ley.

El mencionado proceso inicia cuando un veto por razones de inconstitucionalidad emitido por el presidente de la República es "superado" por la Asamblea Legislativa, con una votación de la mayoría calificada de diputados. Es decir, cuando 56 diputados o más, luego de analizar los alegatos del presidente, consideran que el proyecto vetado sí es constitucional y lo envían de nuevo a éste para que pueda reconsiderar y publicar el proyecto de ley, o bien mantener su postura de que es inconstitucional y enviarlo a la Sala de lo Constitucional para que esta dirima.

En el caso específico de las reformas a la Ley del FOSALUD, la Sala de lo Constitucional resolvió que estas son inconstitucionales ya que "contenía mandatos que muestran un elevadísimo nivel de concreción, y configuran una directriz normativa específica para el uso del presupuesto del Ministerio de Salud, porque se regula en qué se han de invertir los fondos asignados. Estas características son propias de los preceptos que componen el presupuesto general del Estado, ya que solo dicha ley –cuya iniciativa corresponde al Órgano Ejecutivo– puede mostrar ese nivel de especialidad presupuestaria".

La Sala resolvió que la Asamblea Legislativa no podía elaborar y aprobar, con ese nivel de concreción, los preceptos consignados en el decreto vetado, "pues su potestad normativa de reforma en estos casos está condicionada por el ejercicio previo de la iniciativa de planificación y dirección de las finanzas públicas conferida al Órgano Ejecutivo a través del Consejo de Ministros". Además, señaló que dicha reforma "incidiría en la ejecución del presupuesto anual aprobado, interferiría en la competencia presupuestaria del Órgano Ejecutivo y también afectaría el principio de equilibrio presupuestario".

Así, la Sala de lo Constitucional le dio la razón a la presidencia de la República al declarar inconstitucional la reforma, y la reacción de ambos órganos del Estado ha sido de pleno respeto a la mencionada resolución judicial, lo cual consideramos sumamente relevante en la consolidación del Estado de Derecho.

El Centro de Estudios Jurídicos reitera su llamado a los Órganos e instituciones del Estado a que mantengan ese respeto a las facultades y atribuciones que la Constitución le otorga a cada una de ellas al momento de ejercer sus funciones, ya que la división del poder y el respeto a las competencias es una característica fundamental de cualquier Estado de Derecho.

Lo anterior deberá observarse siempre, y no solamente cuando se favorezca a una determinada parte. El respeto a la institucionalidad es lo que mantiene viva a la República y eso debe defenderse por todos.

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