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Responsabilidad fiscal

En vista de los últimos acontecimientos de abuso de los recursos públicos por parte de algunos funcionarios, se vuelve imperioso, urgente e ineludible que se tomen medidas verdaderas de austeridad.
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Para ello hay que sentarse y discutir ampliamente con los distintos sectores productivos sobre la creación real de una política de responsabilidad fiscal que supervise el gasto público y procese jurídicamente a todos aquellos funcionarios que hacen mal uso de los fondos públicos.

En ese sentido, la Responsabilidad Fiscal tiene como fin determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

Es decir que se debe vigilar con mucho ojo clínico la labor de la administración pública para evitar el uso abusivo de los bienes.

Para que no se sigan observando escenarios deshonestos donde cualquier funcionario con acceso al dinero público lo gasta indiscriminadamente como si nuestra economía estuviera pasando por la bonanza de los años dorados del añil, algodón o el café, pero seguramente si el dinero fuera de estos funcionarios no lo gastaran de esa forma, sino muy al contrario, lo cuidarían e hicieran los ahorros correspondientes.

De manera que es insostenible la situación económica de El Salvador, ya que se tiene un déficit fiscal del 4 %, lo que significa que se está gastando más de lo que ingresa a las arcas del Estado en concepto de impuestos, tasas y contribuciones especiales, pese que en los últimos siete años se han implementado alrededor de 22 impuestos nuevos cargando duramente a la clase media.

Nunca una administración había recibido tantos recursos en concepto de tributos en tan poco tiempo, ni tampoco una administración había gastado tanto como la gestión del FMLN, en tan poco tiempo. Gastos que están diluidos en contrataciones masivas, subsidios disfrazados de inversión social como vaso leche, útiles escolares, zapatos, transporte, gas propano, entre otros, los cuales tendrían que eliminarse o focalizarse por justicia tributaria.

Sumado a ello están las malas administraciones y los despilfarros, que se han podido documentar gracias a la labor investigativa periodística de los medios de comunicación que han efectuado en los últimos años. Gracias a ellos la hermana de un diputado no pudo sacar fuera del país un vehículo propiedad del pueblo, para vacacionar.

Así mismo la ciudadanía supo de los gastos abusivos de la CEPA que realizó por un monto aproximado de $231,000, en licor y alimentos y aunque quiso justificar, quedó en evidencia el uso incorrecto de los bienes.

Del mismo modo se publicaron los despilfarros de la Corte de Cuentas, en los que había utilizado el dinero del pueblo para pagar lavado y planchado de dos trajes de mariachis, siluetas de tiro y abundante munición, compra de chalecos, entre otros.

Qué decir de la diputada del FMLN y presidenta de la Asamblea Legislativa, que autorizó gastos en granos básicos, aceite, hilo para pesca, semillas, floreros, muñecas artesanales, y como si fuera poco, compró también semillas de almendras, marañón y pistacho, a un costo de $746.58. Pese que la ley señala que el uso de este dinero debe y tiene que ser utilizado para emergencias, no para gustos personales.

Las autoridades encargadas de la transparencia y rendición de cuentas siguen brillando por su ausencia, no se ve que quieran investigar y procesar a sus compañeros que han sido desnudados públicamente sobre el mal uso de los bienes públicos.

¡Hasta cuándo veremos estas injusticias!

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