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Respuesta a columna de Sandra de Barraza

En atención al editorial publicado el 17 de los corrientes en LA PRENSA GRÁFICA, en el cual la señora Sandra de Barraza externa su opinión sobre un tópico de tanta actualidad para todos aquellos que servimos al Estado defendiendo la soberanía nacional y el Estado de derecho, antes, durante y después del conflicto armado. Me permito felicitarla por haber intentado investigar qué está pasando con la Seguridad Social de la Fuerza Armada; sin embargo, hay ciertas cosas que no tomó en cuenta en su editorial, una de ellas es que si bien leyó la Ley del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, se quedó corta, debido a que no hizo mención de los artículos 50, 51 y 52 de la Constitución de la República, que cubren lo correspondiente a la Seguridad Social de todos los salvadoreños, y a los miembros de la Fuerza Armada quienes también somos servidores públicos, y como tales, el Estado tiene doble responsabilidad, amén de los artículos 211 y 212, que corresponden a la razón de ser de la Fuerza Armada.
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La señora De Barraza está en lo correcto cuando menciona que la cotización de retiro es del 4 % por parte del afiliado y del 4 % por parte del Estado aportados mensualmente. Inadvertidamente omitió mencionar que además la cotización del afiliado se eleva al 10.5 % mensual con los descuentos de fondo de retiro, seguro de vida solidario y rehabilitación, pues al leerse podría entenderse que el afiliado del IPSFA goza de privilegios especiales, siendo que son derechos que se han obtenido por medio de ejercer una profesión de alto riesgo, en la cual un soldado u oficial se reúne con su familia cada 15 días (en tiempos del conflicto armado hubo ocasiones en que se reunía con su familia a los 60 o 90 días), actualmente el soldado está nuevamente cumpliendo con un mandato constitucional, respaldando a la Policía Nacional Civil, en zonas de alta peligrosidad en todo el país, y tiene derecho a que su Seguridad Social esté garantizada.

Por los montos promedio de pensiones que menciona, le sugiero revise sus números en lo que corresponde a la cantidad de afiliados (se quedó corta en 17,000 elementos, cuando en realidad son 23,000, sin tomar en cuenta a las esposas y madres de fallecidos y otros), además, realmente ni siquiera el señor ministro de Defensa tiene un monto de pensión (que por ley del IPSFA no está pensionado porque está de alta) tan grande. Expresa la señora De Barraza, muy acertadamente, que la pensión mínima es de $300 (con esa pensión fue enterrado mi general Carlos Humberto Romero, quien fue presidente de la República), pero eso es así porque no puede nadie hoy en día sobrevivir con una pensión de 300 colones, que era la moneda legal en curso en 1980, año en que fue aprobada la Ley del IPSFA.

El punto principal de este escrito es orientar a la señora De Barraza, a fin de que sepa que el Estado le adeuda al IPSFA $1,360 millones, cantidad utilizada por el Estado para solventar problemas de desmovilización, problemas con lesionados permanentes que agotaron las reservas del IPSFA para tal efecto y obligaron a tomar fondos de otras reservas, y otros pormenores que el señor ministro de Hacienda, por cuestiones muy de él, le llevan a hacer comentarios tan desafortunados, impropios de un alto funcionario del Gobierno. En cuanto al hotel y las propiedades que menciona, sería conveniente que investigue si todavía existen como propiedades del IPSFA. Ahora bien, cualquier empresa o ministerio pueden tener centros recreacionales para sus empleados, no menciono lugares ni empresas porque no viene al caso.

Por todo lo anterior, es necesario aclarar que los militares no estamos llorando ni mendigando... estamos exigiendo que se devuelva al IPSFA y al afiliado lo que legalmente les pertenece, porque ese dinero solventa los problemas de los afiliados a la fecha y dará base para que el afiliado de alta esté tranquilo con respecto a su futura jubilación.
 

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