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Restablezcamos el orden constitucional

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<p>[email protected]</p><p></p><p>El agravamiento de la crisis institucional es innegable, sobre todo porque las soluciones políticas que hubieran podido ser adecuadas hasta hace algunos días pueden ya no serlo ahora o al menos resultar discutibles. Siempre propugnando por el respeto a las decisiones judiciales, pero en el afán de encontrar una salida a la crisis artificiosamente creada en las instancias políticas, el CEJ propuso que la Asamblea Legislativa ratificara a los magistrados electos en 2006 y que sin descartar a ninguno de los electos en 2012, procediera con seriedad a analizar la factibilidad de elegir a estos mismos.</p><p>Pero eso que parecía ser la solución más sensata afronta ahora una dura y sorprendente realidad. Y es que hasta antes del fatídico 1.º de julio, ningún señalamiento cabía contra los magistrados cuya elección había sido declarada inconstitucional; lejos de eso, existían muchas manifestaciones de apoyo al trabajo ya realizado por los magistrados de 2006 y muchas muestras de confianza en los magistrados de 2012. Pero luego del bochornoso espectáculo montado el 1.º de julio, y a la luz de sus ulteriores actuaciones, se vuelve difícil mantener como sugerencia su ratificación o reelección.</p><p>Aun así, y plenamente conscientes de las nefastas consecuencias que pueden generarse de perdurar esta crisis, nos permitimos –quizá por última vez– insistir en nuestra propuesta, haciendo nuestras las palabras de un notable miembro y expresidente del CEJ, cuando dirigiéndose públicamente a los magistrados electos en 2006 les ha sugerido: “Ustedes son demócratas, y han luchado por la libertad, la justicia y la independencia judicial, y han tenido una carrera impecable... Anuncien públicamente que acatan las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Apártense del camino tortuoso que los llevará a un callejón sin salida del cual tendrían que arrepentirse más tarde”.</p><p>Por su parte, los partidos políticos deben recapacitar y darse cuenta del enorme daño que están ocasionando a nuestro país. El clamor porque actúen con decencia no proviene de un específico sector ideológico o segmento de la sociedad. Universidades, tanques de pensamiento, asociaciones de abogados, FEDAES, Iglesia católica, jóvenes, prestigiosos abogados, comunicadores, personalidades de izquierda y de derecha exigen lo mismo: ya basta de terquedades y prepotencias; pónganse de acuerdo y vuelvan a ocuparse de legislar en beneficio del país, cerrando con ello un funesto capítulo en la historia salvadoreña que nunca más debería repetirse.</p><p>Si para este entendimiento se requiere la intermediación del presidente, pues bienvenida. El presidente no puede continuar con una aparente actitud de despreocupación por lo que acontece, ni debe contribuir como lo ha venido haciendo, a avivar los niveles de confrontación social que ya existen. Ya interpuso sus buenos oficios al inicio de su gestión, cuando se tuvo que elegir a los magistrados de 2009, siendo plausible el resultado de entonces. Así que ¿por qué no hacerlo ahora?</p><p>Por fortuna en los últimos días hemos podido ver algunas luces esperanzadoras. Por un lado, destaca dentro de las manifestaciones de respeto al orden constitucional, la valiente postura de la magistrada suplente de la Corte Centroamericana de Justicia designada por El Salvador, licenciada María Silvia Guillén, quien reconociendo la primacía de la Constitución y la definitividad de las sentencias emanadas de la Sala de lo Constitucional, ha preferido renunciar a esa institución antes de ser cómplice de una arbitrariedad.</p><p>Por otro lado satisface que por fin se hayan comenzado a gestar acercamientos y propuestas –aún carentes de convicción– entre los partidos en el seno de la Asamblea. Todos sabemos que a estas alturas la solución ya no es jurídica sino política. Siendo así, los actores políticos deben percatarse de que la tolerancia ha llegado a sus límites y que la ciudadanía dará férrea batalla por mantener el orden constitucional alterado.</p><p></p>

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