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Reveladores hallazgos del Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas

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Javier Castro De León

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La Corte de Cuentas de la República (CCR), de acuerdo con la Constitución, es a quien le corresponde la fiscalización de la Hacienda Pública y de la ejecución del Presupuesto, y debe ser independiente, pues es un órgano de control del poder al velar por el buen uso de los fondos públicos. Sin embargo, el problema ha sido que la CCR a lo largo del tiempo ha actuado con ineficacia y excesiva discrecionalidad, lo cual ha sido principalmente consecuencia de la falta de independencia del poder político.

Para comprender la gravedad del tema, basta citar algunos de los problemas conocidos, tales como: cuando se entregaron finiquitos a expresidentes que luego fueron procesados por corrupción; o los casos que extrañamente caducan; o la red de auditores de oriente, que supuestamente limpiaba los hallazgos de las auditorías a cambio de sobornos de alcaldías. Actuaciones como estas han provocado que la actual CCR haya presentado algunos avisos a la FGR, y que también esta inicie investigaciones y procesos penales contra personal de la institución presuntamente involucrado en las mismas, incluso hasta contra un expresidente de la CCR.

Por la trascendencia que tiene la CCR para combatir la corrupción y por las preocupaciones que  existen, es que nace el Observatorio Ciudadano a la CCR (OCCCR), una iniciativa de la sociedad civil, conformada por FUSADES, CONEXIÓN y TRACODA, que busca fomentar la contraloría social sobre la CCR, a través de distintas actividades, tales como investigaciones para profundizar en el desempeño de la institución, y plantear recomendaciones.

En las investigaciones que se realizaron y que se encuentran en el sitio: www.conexion.sv/occcr se advierten reveladores hallazgos. Se investigó el perfil de los magistrados de la CCR entre 1990 y 2018 y se demostró que el 50 % tuvo un vínculo partidario comprobado, lo cual no ha sido ningún secreto pero ahora se reafirma.

Otro de los hallazgos es que no todas las entidades que manejan fondos públicos han sido fiscalizadas, por ejemplo, algunas empresas públicas, los partidos políticos, y los gastos reservados de la Presidencia, aunque en estos casos la CCR ha señalado que ya se están auditando. También hay bajos porcentajes de cobro de sanciones impuestas; la Asamblea Legislativa tardó 16 años en hacer la primera auditoría a la CCR y las correspondientes a 2017 y 2018 están pendientes; asimismo, hay una alarmante mora procesal, de 5 años en las Cámaras de 1ª Instancia, y de 12 años en las de 2ª Instancia, lo cual genera incertidumbre jurídica y es una grave violación al derecho a la justicia.

Vienen momentos clave para la CCR, pues antes de agosto los diputados deberán elegir a los nuevos magistrados, ojalá bajo criterios de idoneidad e independencia; además, la CCR ha presentado un anteproyecto de ley de la CCR, que ayudaría a mejorar su funcionamiento, pero esa tarea no se agota ahí, pues se requieren reformas constitucionales para que la elección sea con mayoría calificada, y además se separen las funciones de fiscalización y las jurisdiccionales.

En un país que sufre por la corrupción y en donde los recursos públicos son escasos, es fundamental que el control de fondos públicos se realice con rigor y en estricto apego a la legalidad.

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