Saber defender lo defendible (I)

El personaje. José Miguel Fortín Magaña, médico de profesión. Ingresó a trabajar en 1993 en el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, desempeñando varios cargos, llegando últimamente a ser el director general del Instituto de Medicina Legal.
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Sus funciones son técnicas, no políticas, son de “orden técnico con carácter permanente”, por lo tanto, su nombramiento no responde que este sea efectuado por un funcionario, ya que el procedimiento es distinto al empleado en su caso.

Despido de hecho sin causa legal. Por tal motivo dicho profesional interpuso un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra bajo el número 781-2012.

El hecho de no renovarle su contrato es prácticamente un “despido de hecho arbitrario”, sin causa legal alguna, y este ha sido efectuado por una autoridad que no es la competente, ya que legalmente hubiera sido necesario que interviniera el pleno de la Corte Suprema de Justicia, para intervenir en la remoción del funcionario, médicos forenses y empleados del IML.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 182 n.º 9 de la Constitución y 102-A letra b) de la Ley Orgánica Judicial y además, su nombramiento fue aprobado por medio del acuerdo n.º 478 emitido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia de fecha 9-IX-2011.

Lo correcto hubiera sido que se efectuara un procedimiento previo ante la autoridad competente en el que se justificaran y comprobaran la causa o causas para justificar la no renovación de su contrato laboral y así poderlo destituir del cargo con causa justificada y darle especialmente oportunidad al pretensor de poder controvertir todo lo que se le hubiere comprobado y finalmente darle oportunidad de defenderse.

Consecuentemente de lo aplicado, se han conculcado los hechos constitucionales a la seguridad jurídica, de audiencia, defensa, estabilidad laboral, y acceso a la información pública. Con base en el art. 25 del Código de Trabajo, en el sentido que “los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa, se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ello señale plazo para su terminación”.

Además se hace necesario relacionar también que el director del Instituto de Medicina Legal tiene la obligación de cumplir con las obligaciones legales de recopilar, organizar, conservar y publicar datos estadísticos sobre las materias del instituto; e información que debe ser proveída por el Órgano Judicial, de conformidad al art. 13 de la letra (I) de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En consecuencia, es válida la intervención del doctor Fortín Magaña en el amparo que ha interpuesto en defensa de los intereses difusos, particularmente del Derecho de acceso a la información a la población salvadoreña.

Expuestas las consideraciones anteriores y sobre todo habiéndose constatado que la demanda interpuesta por el doctor Fortín Magaña cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la jurisprudencia y la legislación procesal aplicable, se advierte que su admisión se circunscribirá al control de constitucionalidad de la decisión del presidente y del director de Recursos Humanos, ambos de la Corte Suprema de Justicia, de no renovar el contrato laboral del actor para el año 2013 y como consecuencia removerlo de facto de su cargo como director general del IML.

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  • Defendible
  • Medicina Legal
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