Saca ilustra cómo se compraba la "gobernabilidad"

La verdadera raíz de estos abusos que tan costosos le han resultado al desarrollo de El Salvador es la discrecionalidad en el ejercicio del poder, la resistencia a transparentar y la facilidad para ocultar la información pública durante esas administraciones.

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El expresidente Elías Antonio Saca ilustró ayer a la nación cómo destruir la independencia de poderes de un modo más discreto que el de Nayib Bukele: comprando las voluntades de magistrados y políticos afines, y además con el retorcido giro extra de hacerlo con dinero público contante y sonante.

Ante la comisión legislativa que se aproxima al tema de sobresueldos y otros actos de corrupción de administraciones anteriores, Saca se sentó para reconocer la práctica de los salarios fuera de planilla de buena parte de su gabinete y además se pronunció de modo doctoral acerca de la compra de voluntades de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales generales y algunos políticos aliados de su gobierno.

Según el malogrado exmandatario, el Ejecutivo brindaba "apoyos institucionales" a funcionarios de otros órganos del Estado así como a los secretarios generales de los partidos que solían acompañar con sus votos las iniciativas legislativas de ARENA, léase el Partido de Conciliación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. Lo que Saca denomina eufemísticamente como "apoyos" era dinero que no puede entenderse sino como compra de voluntades, para garantizarse lo que en aquella época se daba en llamar "gobernabilidad".

También conveniente para mantener al poder en la llanura, sin cuestionamientos ni críticas, es que se entregaron salarios subterráneos, lo suficiente como para que cada funcionario se plegara disciplinadamente a las indicaciones y directrices del mandatario.

El objetivo era pues similar al perseguido ahora por Bukele: obediencia del gabinete, creación de una burocracia dócil que haga las veces de nueva burguesía y de embajadores del oficialismo en los diversos círculos y órdenes de la vida pública. El matiz es que Saca pretendía conseguirlo con sobresueldos y que Bukele aspira a ese estado a través del usufructo de su capital político pero también con intimidación, la misma meta antidemocrática a través de métodos diferentes.

A través de sus preguntas, los diputados pretenden construir una narrativa facilona con la cual endilgarle esa visión tan nefasta de las finanzas públicas, poco menos que una piñata con la cual repartir dádivas, coimas y sobornos a todo el que fuese menester, a ARENA y al FMLN. Pero la verdadera raíz de estos abusos que tan costosos le han resultado al desarrollo de El Salvador es la discrecionalidad en el ejercicio del poder, la resistencia a transparentar y la facilidad para ocultar la información pública durante esas administraciones.

Nadie discute que si se establece la posibilidad de ilícitos, los diputados deben informar al ministerio público. Ese tendría que ser el espíritu fundamental de este ejercicio, por encima del uso propagandístico y de ataque a los adversarios partidarios que tanto le interesan al régimen. Pero el problema es de fondo, es de diseño del Estado, de verticalismo presidencial y de desprecio ejecutivo por el derecho del público a saber.

Esos mismos ingredientes contaminan el ánimo presidencial en este momento, como lo demuestran el ataque contra el Instituto de Acceso a la Información Pública y las pretendidas reformas a la Ley que regula este derecho ciudadano.

Tal es la dirección que continúa empujando a la administración del Estado, porque para socavar los derechos de la nación y deshonrar el mandato del pueblo soberano basta una visión retorcida desde el poder; el resto, vulgares o sofisticadas, son argucias siempre condenables.

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