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Saludando con sombrero ajeno

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La perspectiva del gobierno de los EUA sobre el tema migratorio y en concreto sobre los salvadoreños que gozan del TPS no es la de buscar alternativas racionales de solución migratoria, sino lo que quiere es que se vayan del país, como claramente lo afirmó el secretario de Interior cuando explicó que el objetivo de dar el permiso de trabajo por 365 días "es para que arreglen su retorno a El Salvador"; esto es un evidente desencuentro, pues lo que los miles de tepesistas quieren no es regresarse a El Salvador, sino continuar viviendo en los Estados Unidos. Independientemente de lo anterior, el anuncio de la prórroga fue calificado por el secretario de Trump y el presidente Bukele como un logro de sus estrechas relaciones. El objeto de este artículo es precisamente dimensionar el significado de este anuncio con base en la realidad y no en la propaganda.

La situación actual se gestó en 2018, cuando la administración Trump decidió terminar con el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para 4 países, incluyendo entre ellos El Salvador, si bien se trata de una ley del Congreso su carácter de "protección temporal" le permite al presidente determinar cuando ya no considera necesaria esa protección. Frente a esta decisión un grupo de abogados que ayudan a nuestros compatriotas presentaron una demanda ante la Corte Federal del distrito de California pidiendo su anulación; el juez federal la aceptó bajo el número 18-cv-01554 y le ordenó al gobierno suspenderla "en espera de una nueva resolución del caso".

En las reuniones entre los abogados del gobierno norteamericano, los peticionarios y el juez para acordar los términos del juicio, se aprobó que si el fallo del caso era favorable para el gobierno, se daría un plazo de nueve meses a los tepesistas para que arreglaran su situación y pudieran salir del país, o sea que, a la medida cautelar del juez, de suspender la ejecución de la cancelación del TPS, se añadió una cláusula, igualmente obligatoria, de prorrogar el TPS por nueve meses si la sentencia favorecía al gobierno, ya que si la sentencia favorecía a los tepesistas, entonces la decisión de Trump de terminar con el TPS quedaba automáticamente anulada.

La consecuencia en la práctica de lo antes señalado es que la decisión del presidente Trump queda jurídicamente en suspenso, el TPS no ha terminado para los salvadoreños sino que está en espera que el juez dicte sentencia y que si la sentencia favoreciera a Trump, tendrá que esperar otros nueve meses para deportarlos. Trump no puede deportar a ningún tepesista ni hoy ni en enero. Adicionalmente, lo más probable es que la parte perdedora en el juicio apelará a la Corte Suprema de Justicia y si ella lo toma la prórroga de nueve meses continuaría vigente y tendrá que calcularse a partir de la sentencia que dicte la Corte Suprema. Es decir, hay espacio para más de dos años.

Desde esta perspectiva, lo actuado por la secretaria de Seguridad interna de EUA en este caso es coherente, por ello ha insistido en desmentir lo afirmado por el presidente Bukele, su ministra y la embajada de EUA que es prórroga del TPS, insistiendo que la prórroga solo es un permiso temporal de trabajo; esto puede parecer una leguleyada pero es lo únicamente correcto desde el punto de vista legal, pues la administración norteamericana no puede hacer prórrogas del TPS, ya que este se encuentra bajo la jurisdicción de un juez federal.

Lo que no es coherente es la forma como el gobierno de los EUA lo ha planteado y el gobierno de El Salvador lo ha secundado sin darse cuenta de que lo han puesto a saludar con sombrero ajeno, ya que, si se toma en cuenta que en enero de 2020 termina la última prórroga de que gozan los tepesistas y que es improbable que haya sentencia (los entendidos calculan que a mediados del próximo año podremos conocer el fallo del juez), nuestros compatriotas podrán seguir viviendo en los Estados Unidos sin peligro de deportación y será hasta que haya fallo que se podrán empezar a contar los nueve meses antes de poder ser deportados si nos es desfavorable.

Presentar esta extensión del permiso para trabajar como el fruto de un pedido del gobierno salvadoreño y de la magnanimidad del Sr. Trump es deformar la realidad. Lo grave es que el gobierno de Trump ha sabido al detalle lo que estoy señalando; la pregunta obvia es ¿se lo comunicaron a sus socios del gobierno salvadoreño?, lo más probable es que no lo hayan hecho.

Por otra parte, este incidente es una muestra de lo alejado que está el gobierno de la problemática real de nuestros compatriotas en los Estados Unidos y de la falta de información que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene de su situación y sus luchas. Por otra parte, la ignorancia de la realidad se ha evidenciado tanto en el anuncio público de que se trataba de una prórroga del TPS añadido a la afirmación pública que lograron el beneficio de un año más cuando finalizaran los procesos judiciales cuando es de nueve meses y no de un año; y segundo, este arreglo se logró entre los abogados de ambas partes y el juez, en octubre de 2018, cuando aún no era gobernante el Sr. Bukele, lo cual hace imposible que este gobierno participara en ello.

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