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Se debe corregir el clientelismo en el Presupuesto General del Estado

Las asignaciones de fondos públicos a entidades privadas deben ser transparentes.

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Centro de Estudios Jurídicos

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Existen organizaciones que, sin ser parte del Estado, reciben dinero público. ¿Cómo se decide a quién asignarle fondos? No se conocen los lineamientos. ¿Para qué se destinarán? No hay transparencia al respecto. Las asignaciones de fondos públicos a entidades privadas deben ser transparentes, auditables y contar con lineamientos claros, para evitar que degeneren en clientelismo o conflictos de interés.

En la Ley de Presupuesto 2020 publicada en el Diario Oficial, en el Ramo de Educación, partida 06, hay 9.6 millones de dólares asignados a universidades privadas, institutos técnicos y asociaciones sin fines de lucro. En la partida 34 del Ramo de Salud, hay más de 4.5 millones de dólares para subsidios varios. Casi un millón de dólares en la partida 03 del Ministerio de Cultura. En presupuestos de años anteriores, según muestra la Página web del Ministerio de Hacienda, en el Informe de Montos a Destinatarios Privados, se ha asignado dinero a diversas organizaciones privadas, incluso a una asociación que resultó ser fundada por la esposa del diputado Guillermo Gallegos (luego de la presión pública, el monto fue devuelto, lo que implica un reconocimiento de la mala práctica).

En la inconstitucionalidad 1-2017/25-2017, la Sala de lo Constitucional ordenó que "el Ejecutivo y el Legislativo quedan inhabilitados para realizar transferencias de recursos públicos a entes privados, particularmente a aquellos que tienen vínculo material con partidos políticos y grupos afines, y con funcionarios públicos o sus parientes; salvo en aquellos casos estrictamente necesarios y justificados, y siempre que las actividades de tales entes privados estén relacionadas directamente con los fines sociales del Estado (art. 1 inc. 3º Cn.), y sujetas a rendición de cuentas y fiscalización del órgano correspondiente".

No es el propósito de esta columna sostener que todas las instituciones a las que se les asigna fondos no deben recibirlos, mucho menos, que todas hacen mal uso de ellos; sin embargo, existen casos en los que esto puede ocurrir. Además, imaginemos que una universidad debe presentar candidatos al Instituto de Acceso a la Información Pública y recibe fondos del Órgano Ejecutivo, ¿no pierde esta universidad independencia para realizar la propuesta libremente? Entonces, es urgente que se implementen medidas para que las instituciones privadas a las que reciben fondos públicos no sean producto de la arbitrariedad y que estas instituciones tengan lineamientos de publicación oficiosa de la información sobre el destino de esos fondos.

PD: El Centro de Estudios Jurídicos invita al foro académico virtual "El desarrollo del derecho público salvadoreño en época de pandemia", en el cual se abordarán diversos aspectos constitucionales, laborales y administrativos que han surgido a partir de la declaratoria de estado de emergencia y régimen de excepción. Se desarrollará el lunes 6 de abril, 6:00 p. m., con participación de magistrados de la CSJ, jueces y académicos. Plataforma digital Zoom, ID: 413-967-1352. Contraseña: 670106, gratis. Esperamos contar con su participación.

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