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Se debe recalcar la responsabilidad de los que gobiernan en cualquier nivel institucional

Hay que atender en forma oportuna las aspiraciones ciudadanas, que casi siempre van vinculadas con las condiciones de vida en la realidad de cada día, a fin de no tener después que andar buscando recursos de urgencia para tratar de solventar los efectos de la miopía y de la sordera institucionales.
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A medida que la democratización va ganando terreno en el ambiente se hace más y más visible el verdadero rol de los que gobiernan, cualesquiera fueren los ámbitos o los niveles de la respectiva función. Esto es una novedad evolutiva, que se hace visible con creciente notoriedad en las condiciones actuales de nuestro proceso nacional, en abierto contraste con lo que sucedía en tiempos pasados, cuando el gobierno y los que actuaban dentro del mismo lo hacían a su entero arbitrio, sin ni siquiera cuidarse de respetar el marco legal, que estaba ahí como una sombra a merced de las voluntades dominantes. Eso ha venido evolucionando al ritmo de la dinámica democratizadora, que gana protagonismo en forma creciente por obra de las circunstancias que se generan dentro del mismo proceso.

Dice textualmente la Constitución de la República que “El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes”. Hay que recalcar de manera constante que en el régimen democrático los que ejercen el poder no lo tienen como atributo propio sino que son representantes del depositario original del mismo, que es el pueblo; y es por ello que las elecciones en que se decide quiénes serán dichos representantes de manera sucesiva constituyen pruebas de eficacia institucional y de valoración comparativa entre lo que el pueblo quiere y necesita y lo que los representantes asumen y realizan.

En tal sentido, los funcionarios elegidos tienen que aceptar el mandato popular, y hacerlo de manera natural y responsable, porque de lo contrario pagarán las facturas que les presente la ciudadanía en los momentos en que ésta expresa su voluntad principalmente en las urnas. Ahora mismo se acaba de ver, con especial dramatismo, una muestra de ello. Hay que atender en forma oportuna las aspiraciones ciudadanas, que casi siempre van vinculadas con las condiciones de vida en la realidad de cada día, a fin de no tener después que andar buscando recursos de urgencia para tratar de superar los efectos de la miopía y de la sordera institucionales. Porque gobernar no es el arte de corregir entuertos sino la ciencia de actuar en forma visionaria y consistente.

Y no sólo en los momentos en que la voz del pueblo se vuelve reclamo correctivo es que hay que ir al encuentro de la voluntad ciudadana; hacerlo de manera constante es lo que la lógica democrática exige a cada paso. Esto tendría que ser ya una norma asimilada y acatada por todos.

El despliegue de esa lógica democrática a la que nos referimos de manera persistente es un caudal de lecciones que nadie puede desoír sin exponerse a cargar con las consecuencias. Y una vez que éstas se dan hay que asumirlas con la sinceridad y con la atención del caso, porque ahí está una de las claves más sensibles de la buena práctica tanto en la política como en todos los otros órdenes.

Vamos rumbo a las elecciones que en febrero de 2019 definirán quién será el próximo gobernante del país, lo cual constituye una oportunidad de gran calado para hacer que el proceso nacional tome el impulso que necesita.

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