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Se deja que prescriban

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Sandra de Barraza

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La Constitución de la República establece que los juicios por enriquecimiento a costa de la hacienda pública o municipal deben iniciarse dentro de los 10 años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado cesa en el cargo cuyo ejercicio pudo motivar dicho enriquecimiento (CR. art. 240). Pero, es evidente que los 10 años que establece la Constitución de la República no son suficientes para que las autoridades competentes en estos casos cumplan con su labor.

Una y otra vez se pregunta si los casos de enriquecimiento a partir de la administración de recursos públicos deben prescribir. Una y otra vez se pregunta si el compromiso con la probidad debe obligar a revisar el plazo y prolongarlo. Las respuestas a estas preguntas es que no deben prescribir o que el plazo debe prolongarse a 20 años.

Y ¿por qué prescriben los casos? Porque la institucionalidad no está preparada para analizar la información que recibe. Todos los funcionarios y empleados obligados a declarar su patrimonio tienen que hacerlo ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. La ley les da 60 días posteriores a la toma de posesión de sus cargos.

La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por su ubicación orgánica, es poco relevante. Dentro de ese Órgano de Estado, el tema no refleja prioridad alguna. Sin embargo, esa Sección también debe recibir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y empleados que acaban de dejar sus cargos, los del período 2014-2019. Son varios cientos de declaraciones a recibir. La Constitución de la República les da un plazo de 60 días.

Antes de que finalice el mes de julio, la Sección de Probidad tendrá que recibir cientos de declaraciones de los funcionarios salientes y entrantes del período 2015-2019 y 2019-2024.
En cada caso, debe dar estricto cumplimiento a la Ley de Probidad aprobada en 2015. Para hacer su trabajo, esta Sección debe establecer y mantener actualizado el registro de los funcionarios y empleados obligados por ley a presentar declaración.

 ¿Cuántos son los obligados? El artículo 15 los describe. Empieza por el presidente y el vicepresidente pasando por diputados, ministros, magistrados, jefes de misiones diplomáticas, fiscales y funcionarios de la Fiscalía; procuradores, jefes, subjefes; directores y gerentes de ministerios y autónomas, aquí se incluye al director de Aduanas; jefes de unidades de contrataciones y adquisiciones de todas las instituciones públicas; superintendentes; directores, subdirectores y jefes de la PNC; directores, gerentes y jefes de empresas públicas; funcionarios ad honorem que manejen fondos públicos, y cualquier otro que sea requerido a declarar por la Sección de Probidad.

Estimo que son al menos 5,000 funcionarios o empleados. Y con esta estimación, a final de mes la Sección tendrá en su poder al menos 10,000 declaraciones que “deben ser verificadas si cumplen con lo que manda la ley” para comprobar la veracidad de la información. Sin esto, imposible hacer su trabajo de “imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de la ley”. ¿La nómina de obligados a declarar patrimonio es pública? Hay que preguntar porque el alcance de la ley es amplio.

Los sujetos obligados deben detallar, en declaración jurada, sus activos, sus pasivos, sus ingresos y sus egresos dentro y fuera del territorio nacional para que la Sección de Probidad tenga capacidad de determinar una eventual variación de su patrimonio y el de su grupo familiar. La Sección de Probidad ¿tiene capacidad para hacerlo? Una y otra vez se escucha que no. Y por esta incapacidad orgánica del sistema de Justicia, pasan los años y los casos prescriben.

El fiscal general anuncia iniciativas para introducir cambios estructurales. ¿Cambio del artículo 240 de la Constitución de la República? ¿Una nueva institucionalidad adscrita al Órgano de Justicia? ¿Una nueva ley de probidad? Ojalá.

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