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¿Se han respetado de buena fe los Acuerdos de Paz?

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Centro de Estudios Jurídicos

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Los Acuerdos de Paz en El Salvador tienen su origen formal en el "Acuerdo de Esquipulas II" de agosto de 1987, que planteó una solución global para la pacificación de la región centroamericana. En El Salvador, la consolidación de este proceso arrancó con el acuerdo suscrito el 15 de septiembre de 1989, en la ciudad de México, entre el Gobierno de El Salvador (GOES) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para entablar un proceso de diálogo, con el objetivo de poner fin -por la vía política- al conflicto armado.

Sin embargo, fue hasta el 16 de enero de 1992 y con intervención de la ONU, que, con la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, se logró poner formalmente un fin a la guerra civil. Producto de estos acuerdos, se implementaron importantes reformas a la Constitución, como la separación de las labores de seguridad pública (asignadas a la nueva Policía Nacional Civil) de las de defensa nacional (Fuerza Armada). Otras reformas pretendieron mejorar aspectos del sistema judicial y establecer mecanismos de garantía para los derechos humanos, tales como:

1. Nueva organización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y nueva forma de elección de sus magistrados, para garantizar su independencia, autonomía y sometimiento a la Constitución. A partir de la reforma, se requiere de una mayoría de dos tercios de los diputados para la elección. El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) debe elaborar una lista de treinta candidatos; quince de ellos son propuestos por las Asociaciones de Abogados, como el Centro de Estudios Jurídicos.

2. Asignación anual al Órgano Judicial de una cuota del presupuesto del Estado no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes, para garantizar su independencia y buen funcionamiento. Este presupuesto debe asignarse no solo para salarios que dignifiquen a los miembros de la carrera judicial, sino que garanticen la calidad de la administración de justicia, y un sistema de gestión de tribunales modernos e idóneos.

3. Creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que tiene por misión esencial promover y velar por los derechos humanos, así como investigar violaciones a los mismos.

4. Elección por los dos tercios de los diputados del fiscal general, del procurador general y del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Los tres ejercen sus funciones de forma independiente: dirigiendo la investigación del delito, ejerciendo la defensa pública y defendiendo los derechos humanos, respectivamente.

5. Creación del CNJ, cuya principal función es la selección de candidatos a jueces y magistrados para su ingreso con idoneidad profesional. También deben evaluar el buen funcionamiento de tribunales y si hay un acceso de calidad a la justicia.

6. Creación de la Escuela de Capacitación Judicial, cuya organización y funcionamiento es responsabilidad del CNJ, creada con el objeto de asegurar el continuo mejoramiento de la formación profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales.

A veintiocho años de la firma de los Acuerdos de Paz, muchas de estas reformas han sido burladas e incumplidas por algunos a quienes hemos delegado el poder político, que han interpuesto sus intereses personales y partidarios por encima de los de la Nación. No descansaremos en señalarlo. Su respeto es esencial para el Estado Constitucional de Derecho.

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