¿Se necesita o no, una ley contra el lavado de dinero?

AbogadoSobre el particular, la realidad nos informa que ciertos delitos, como el narcotráfico, la corrupción, la extorsión y el sicariato, se cometen con la específica finalidad de obtener dinero. El dinero que se obtiene por este medio es el que se conoce como “dinero sucio”.

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Quien comete tales delitos lo hace porque desea disfrutar de los beneficios del dinero, pero el delincuente sabe que si a una persona se le ve gastando considerables cantidades de dinero, y no se le conoce una ocupación o empresa de donde puedan provenir tales fondos, la lógica indica que eso constituye un indicio de que la fuente de dinero es ilícita, que lo convertiría en objeto de investigación de parte de las autoridades.

De esto último nace la necesidad de que los delincuentes busquen la forma de hacer creer que el dinero producto de un delito aparezca como producto de actividades legales. Esta es lo que se conoce como “lavado de dinero”.

El lavado de dinero es un entramado que consiste en que la fuente real del dinero, de una actividad delictiva, es suplantada por un negocio lícito al que se le atribuyen utilidades que en verdad no existen. Con esta figura se pretende gozar de los beneficios del dinero evitando sospechas y ser blanco de investigaciones.

Es fácil advertir, que si no se toman medidas para evitar que se lave el dinero sucio, se está incentivando no solo la delincuencia individual, sino, especialmente, el crimen organizado.

Un control sobre los dineros sucios indudablemente desincentiva la delincuencia. El combate al lavado de dinero constituye una lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, si se controla el gasto de fortunas para las que no existe una explicación de su procedencia, el crimen pierde motivación, porque ¿para qué puede servir un dinero que no se puede gastar?

En El Salvador, por Decreto Legislativo de fecha 2 de diciembre de 1998, se creó la Ley contra el lavado de dinero y de activos, que entró en vigor el 2 de junio de 1999. El objetivo de esta ley, según el artículo 1, es prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento. Esta ley no solamente tipifica el delito de lavado de dinero, sino también tipifica otros ilícitos, de los que vale la pena subrayar los delitos de encubrimiento especial y culposo.

Esta Ley hace una clara distinción entre “sujetos a quienes se aplica la Ley” y “sujetos a quienes obliga la Ley”.

La ley se aplica a todas las personas; y son sujetos obligados no solo los integrantes del sistema financiero, sino todas las instituciones privadas o de economía mixta, y las sociedades mercantiles; es decir incluye a todas las entidades y sociedades mercantiles que operan en el país independientemente de capital social, de su objeto o de su finalidad.

Hay mucho que comentar sobre esta ley, pero es de mencionar los sujetos obligados, aun sin la intención de delinquir, pueden llegar a ser considerados responsables de encubrimiento culposo, castigado con sanción de dos a cuatro años, si el encubrimiento se produjere por negligencia, impericia o ignorancia inexcusable en las atribuciones de sus empleados o funcionarios.

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