Se necesita una cultura de transparencia

<p>En el año 2009 se creó el “Grupo Promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, integrado por instituciones de la sociedad civil, que incluía centros de pensamiento, universidades, medios de comunicación, profesionales y gremiales de distintas naturaleza. Si bien no desde sus orígenes, el CEJ se enorgullece de ser una de las instituciones que pronto se sumó al esfuerzo. La creación de este Grupo tenía como el más inmediato de sus objetivos la aprobación y entrada en vigor de una ley que permitiera a la ciudadanía el ejercicio de un derecho fundamental: la habilidad de acceder a la información que está en manos del Estado, contribuyendo además al fortalecimiento de nuestra democracia toda vez que con la ley se permitiría a la ciudadanía una participación más activa en la toma de decisiones relacionadas con el manejo de la cosa pública. Un ciudadano informado está en mejor posibilidad de fiscalizar y exigir a sus gobernantes; y estos por su parte, saben que de manera permanente deberán estar rindiendo cuentas de sus gestiones.</p>
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<p>&nbsp;</p><p>El propósito inmediato se logró porque luego de superar varios obstáculos, en mayo de 2012 entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual partió por reconocer en su texto que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas de manera oportuna y veraz, sin tener que sustentar interés o motivación alguna.</p><p>&nbsp;</p><p>Pese a que se reconocen algunos avances importantes, lamentablemente, luego de su entrada en vigor comenzaron a surgir nuevos obstáculos y dificultades que a la fecha aún limitan su efectivo funcionamiento. Ante esto, el CEJ participó en las reuniones que sostuvo el Grupo Promotor los días 6 y 7 de septiembre, las cuales tuvieron como propósito realizar un diagnóstico de la situación en que se encontraba la aplicación de la ley y con fundamento en ello replantear las estrategias del Grupo.</p><p>&nbsp;</p><p>Al efectuar este diagnóstico, se identificaron entre muchos otros puntos los siguientes: En primer lugar, no existe voluntad política por parte del Gobierno para impulsar la acciones que requiere la efectiva entrada en vigor de la ley, tales como: nombramiento de comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública; asignación de presupuesto específico para el Instituto y puesta en funcionamiento del mismo; nombramiento de oficiales de información en diferentes agencias, organismos y empresas obligados. Esta carencia de voluntad política ha llegado hasta el extremo de motivar que desde la Presidencia de la República se haya emitido un Reglamento cuyas disposiciones claramente modifican lo dispuesto por la ley. Confiamos que tal circunstancia sea reconocida por la Sala de lo Constitucional declarando inconstitucionales las normas que han sido dictadas en exceso de la facultad reglamentaria.</p><p>&nbsp;</p><p>En segundo lugar, se ha identificado que la ciudadanía desconoce los alcances y utilidad de la ley, o en algunos casos se ha resignado a que la implementación de la norma ya no tendrá lugar.</p><p>&nbsp;</p><p>Tomando conciencia de estos retos, los miembros del Grupo Promotor hemos comprometido nuestros esfuerzos porque la Ley de Acceso a la Información se implemente y porque los ciudadanos dimensionen la ventaja que les brinda. Es imperativo un cambio de mentalidad y una superación de paradigmas en que, por una parte, los funcionarios entiendan que la gestión pública debe ser transparente y que deben rendir cuentas de sus decisiones. Y, por otra parte, que los ciudadanos logren sentirse partícipes de la gestión pública al ejercer control y fiscalización de la misma; la ciudadanía debe darse cuenta de que la adecuada utilización de esta ley significa poder contribuir activamente en la prevención y combate de la corrupción.</p><p>&nbsp;</p>

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