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Se nos acaba el TPS

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El pasado 8 de enero el Gobierno de Estados Unidos anunció que el TPS (Estatus de Protección Temporal), el cual ampara a cerca de 200,000 salvadoreños, tiene fecha de caducidad. El TPS permitía a salvadoreños en Estados Unidos vivir y trabajar de manera legal, y ha sido extendido muchas veces desde que inició a raíz de los terremotos de 2001.

De poco sirve, más que para demagogia electorera, invertir tiempo en quién tiene la culpa o no de la cancelación del TPS. La realidad es que a partir de septiembre de 2019, muchísimos salvadoreños, que no saben nada de El Salvador más que lo que han escuchado en anécdotas de parientes, no podrán estar de manera legal en Estados Unidos. Esto trae consigo varios posibles escenarios e impactos.

En primer lugar, no todos los 200,000 salvadoreños regresarán a El Salvador. Muchos de ellos probablemente se arriesgarán a quedarse de manera ilegal para seguirse ganando la vida en la tierra que ha sido su hogar por casi 17 años. Otros probablemente emigrarán a Canadá, México u otros países donde por lo menos no tendrán una amenaza tan latente como la de las pandillas en El Salvador.

Esto tendrá un fuerte impacto en las remesas, las cuales hoy ascienden a más de $4,000 millones y representan el 18% del PIB. Las remesas, que traían un crecimiento acelerado en los últimos años, no crecerán tan rápido e incluso se podrían contraer. Esto trae consigo un impacto directo al poder adquisitivo de las familias salvadoreñas y al consumo dentro de la economía.

Los salvadoreños que sí regresen al país se enfrentan a un escenario difícil. Asumamos un escenario en el cual la mitad de los amparados por el TPS regresan a El Salvador. ¿Qué va a pasar en una economía que apenas crea 13,000 empleos al año cuando lleguen 100,000 personas nuevas a buscar trabajo? La cifra en sí es escandalosa.

Hay un poco de luz dentro de todo este escenario gris. Y es que si bien muchos salvadoreños regresarán, la gran mayoría de ellos son personas sin antecedentes criminales, preparadas y con capital o ahorros. Puede ser muy optimista pensarlo, pero esto podría tener un efecto positivo a mediano plazo donde, al tener opciones limitadas de empleo formal, se dinamice el emprendimiento dentro del país.

¿Qué puede hacer la administración actual dentro de esto? Primero, informar a los 200,000 salvadoreños que serán afectados. Asesorarlos legalmente es importantísimo, ya que tienen 18 meses en los que pueden explorar opciones legales que les convengan.

De igual manera se puede luchar por mejorar las condiciones de inversión para quienes decidan regresar ya sea a trabajar o a emprender. El mejorar los tiempos y reducir los trámites para integrarse al sector formal y para iniciar un negocio es importantísimo para la efectiva integración de quienes regresen y de los emprendedores en general. Esfuerzos que, siendo serios, debieron haberse comenzado a construir desde hacer mucho tiempo.

Estos esfuerzos no son exclusivos del Estado. El sector privado puede aportar desde su trinchera. Las firmas legales y los tanques de pensamiento pueden hacer mucho por informar a los afectados. Los bancos y las entidades financieras pueden crear productos crediticios y brindar asesoría financiera para invertir el capital que puede comenzar a llegar al país.

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