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Se sigue activando la lucha contra la corrupción y la impunidad en los más altos niveles del aparato gubernamental

Es muy importante, desde luego, que tanto las investigaciones pertinentes como los enjuiciamientos derivados de ellas se lleven en forma estrictamente apegada a la ley, A FIN DE QUE TAL dinámica gane la credibilidad necesaria para mantenerse en pie de aquí en adelante.
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Desde hace algún tiempo, la corrupción y la impunidad en las esferas públicas están siendo puestas cada vez más en evidencia a partir de actuaciones tanto fiscales como judiciales que van dando giros significativos en pro del verdadero imperio de la ley. Algunos factores específicos han sido determinantes para redireccionar tareas como la de la Fiscalía General de la República y la del Órgano Judicial al respecto. La llegada del nuevo titular de la Fiscalía ha representado un nuevo enfoque del trabajo de dicha institución; y la reactivación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en enlace con el desempeño de la Sala de lo Constitucional y de la Corte en general, ponen las dinámicas investigativas y de judicialización de casos en un plano muy diferente al que por tradición predominaba.

Hasta hace muy poco hubiera sido inimaginable, dadas las condiciones que prevalecían en nuestro ambiente, que hubiera alguna forma de destape de conductas indebidas y ya no se diga delictivas en las más altas instancias del poder. Esto está cambiando. Sin duda, varios factores inciden en este fenómeno claramente evolutivo. En primer lugar, el mismo desenvolvimiento de la democratización, que lleva ya buen tiempo moviéndose en el escenario nacional, sobre todo desde que se dio la solución política de la guerra interna, hace ya casi un cuarto de siglo, va haciendo lo suyo; y no es casual entonces que los reclamos de transparencia proliferen cada día más y que tanto la corrupción como la impunidad se hallen crecientemente puestas contra la pared. Esto no tiene precedentes, y debe ser valorado como un signo de trasformación desde el seno mismo de la realidad.

También hay que tomar en cuenta que la política como tal está viviendo una época de cambios: del presidencialismo absorbente, que lo ponía todo a su servicio, a un progresivo equilibrio de poderes, que es lo que debe estar en la base del sistema de libertades que sustenta la democracia. Y el hecho de que se haya dado una alternancia en el ejercicio del poder político, compleja pero sin que el régimen vigente sufriera rupturas regresivas, ha contribuido a que ahora el Estado de Derecho tenga mayores posibilidades de prevalecer. En los tiempos recientes, tres ex Presidentes de la República, que son los que gobernaron durante los mandatos inmediatamente anteriores al actual, han estado o están siendo juzgados por delitos como peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Esto, aparte de que implica hacer destapes para deducir responsabilidades al más alto nivel, tendrá sin duda un importantísimo efecto disuasivo de cara al futuro. Antes se podía hacer cualquier cosa sin que nada pasara; de ahora en adelante, el que se anime sabe que se expone a muy graves consecuencias.

Es muy importante, desde luego, que tanto las investigaciones pertinentes como los enjuiciamientos derivados de ellas se lleven en forma estrictamente apegada a la ley, a fin de que tal dinámica gane la credibilidad necesaria para mantenerse en pie de aquí en adelante. Es clave que en todo este accionar esté fuera el interés político o de cualquier otra índole. Nuestro sistema institucional, y muy en particular aquel ámbito del mismo que corresponde a la administración de justicia en sus diversos aspectos, debe conservarse lo más saludable que sea posible, para que el país pueda irse moviendo constructivamente hacia el desarrollo en todas sus expresiones.

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