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Se trata de que lleguen a los cargos públicos los más competentes, los más honestos y los más comprometidos con el país

La realidad y la población están demandando con creciente apremio que los funcionarios tengan todas las credenciales necesarias para desempeñar a cabalidad lo que les corresponde. La competencia y la honradez están en la primera línea de los requisitos exigidos.
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La misma dinámica del proceso democrático en marcha está generando cada vez más exigencias en el sentido de tomar las decisiones y de hacer las cosas en forma seria y transparente. Eso se observa en prácticamente todas las áreas del quehacer nacional, y muy especialmente en aquéllas del ámbito público donde se definen las políticas y las estrategias que tienen más incidencia en el destino nacional. Un ejemplo patente de estos días es la forma en que se han tenido que ir corrigiendo errores y desvíos en lo referente al conteo de votos para decidir en definitiva quiénes integrarán la próxima legislatura.

Según la normativa que resultó de los acuerdos tomados en la negociación para la paz, la Corte Suprema de Justicia se renovará por tercios cada tres años. Dentro de muy poco, la nueva legislatura tendrá que escoger a los cinco propietarios y a los cinco suplentes que tocan este año, de las listas de candidatos resultantes de la elección directa de los abogados y de la selección que hace el Consejo Nacional de la Judicatura. Y en esta oportunidad, dado que se habían venido generando muchas dudas sobre el proceder de dicho Consejo, la Sala de lo Constitucional ordenó que la selección que hiciera dicho Consejo fuera seria y a la luz. El CNJ trató de evadir lo dispuesto por la Sala, pero ésta ha decidido que se repita el proceso. Ya no valen las rebeldías caprichosas.

A los diputados que conformarán la legislatura 2015-2018 les tocará hacer importantes elecciones de segundo grado, entre ellas la de los magistrados correspondientes de la CSJ y la del Fiscal General de la República. En ambos casos se requiere mayoría calificada, es decir, 56 votos legislativos. Tal como está configurada la correlación de fuerzas luego de los comicios del 1 de marzo, dicha mayoría sólo puede alcanzarse con la suma de votos de ARENA y del FMLN. En la legislatura anterior, hubo al comienzo un reacomodo muy poco claro de alineaciones partidarias, con lo cual el bloque oficial logró sumar 56 votos, que se han hecho sentir hasta el último momento, como se constata con las votaciones para el endeudamiento aceleradas en estos días; pero, al menos hasta el momento, no se ve factible que eso se pueda reproducir en el nuevo esquema legislativo. Habrá que ver, sin embargo, qué pasa, porque en intrigas políticas todo se puede esperar.

En todo caso, hay que seguir pugnando por que la selección de personas que lleguen a ocupar posiciones de poder sea lo más responsable posible. Eso se garantiza más, desde luego, cuando las fuerzas principales, tradicionalmente contrapuestas, tienen que ponerse de acuerdo, porque entre ellas es menos probable la complicidad perversa. Y lo conveniente sería que los partidos que se necesitan para hacer mayoría calificada pudieran entrar sin tardanza en un dinamismo de acercamientos consistentes y orientados hacia la salvaguarda de los grandes intereses de nación.

La realidad y la población están demandando con creciente apremio que los funcionarios tengan todas las credenciales necesarias para desempeñar a cabalidad lo que les corresponde. La competencia y la honradez están en la primera línea de los requisitos exigidos.

Y en lo que toca a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estos deben ser, además, personas comprometidas con la revitalización de la justicia, que es absolutamente indispensable para que el sistema funcione.

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