Se vuelve a dar la vieja práctica de aprobar paquetes legislativos conforme a intereses partidarios sin importar el interés nacional

Las tres cuestiones decididas el pasado martes se refieren a puntos que vienen siendo discutidos con bastante anticipación, y que, por su propia naturaleza e incidencias, no podrían ser resueltos responsablemente con un voto sacado de la manga. Como ya es costumbre en estos casos, la mayoría simple se forma casi a arañazos, con los votos del partido de turno en el poder y los votos aleatorios provenientes de partidos pequeños.
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En la Asamblea Legislativa volvió a producirse esta semana un procedimiento de aprobación de reformas legislativas impulsadas de manera atropellada con el fin de atender cuestiones coyunturales que responden al interés de determinados grupos, sin tener en cuenta lo que le conviene al país ni reparar en los daños que tales decisiones pueden causarle al proceso nacional. Armar “combos” de esta naturaleza viene siendo un proceder vicioso que tiene ya larga data, y cuya reiteración periódica constituye una mala práctica que no sólo daña la credibilidad del desempeño público sino que introduce más inseguridades en una realidad que ya se encuentra sobrecargada de anomalías y desajustes.

Las tres cuestiones decididas el pasado martes se refieren a puntos que vienen siendo discutidos con bastante anticipación, y que, por su propia naturaleza e incidencias, no podrían ser resueltos responsablemente con un voto sacado de la manga. Como ya es costumbre en estos casos, la mayoría simple se forma casi a arañazos, con los votos del partido de turno en el poder y los votos aleatorios provenientes de partidos pequeños. Ninguno de los temas abordados en este “combo” es casual o de menor importancia, y eso agrega elementos críticos de peso contra las decisiones tomadas, que son a todas luces irresponsables y peligrosas.

En lo que se refiere al sistema de pensiones, desde hace rato viene siendo evidente que el Estado se ha vuelto incapaz de cumplir sus obligaciones en ese campo, y al respecto está cada día más con el agua al cuello. El “impago selectivo” que se produjo hace poco es una prueba patente de ello. Y en vez de abordar el problema por la vía de la sensatez estructural bajo el esquema de una reforma completa y sustentada, se va hoy por la vía de permitirle al Estado que tome más dinero de los cotizantes por la vía de subir el 5% de la disponibilidad que tiene en el FOP. Esto vulnerabiliza aún más la situación del sistema, en detrimento de los que aportan al mismo sus fondos de futuro y a favor del que se haya en situación de insolvencia constante.

En el “combo” se incluyen las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que se refieren a la forma en que serán tratados los bienes cuestionados mientras dure el procedimiento, pero que tocan un punto aún más crucial: la prescripción de la acción de extinción de dominio, que antes de esta reforma no tenía límite en el tiempo y que hoy sólo podrá ejercerse dentro del plazo de diez años a partir de la adquisición o de la destinación ilícita de los bienes. Tales reformas llevan una evidente intención restrictiva, y por eso han merecido advertencias previas por parte de la Fiscalía General de la República, y, en otro ámbito, de la Embajadora de Estados Unidos en nuestro país, ya que dicha ley es un instrumento de primera línea en el combate contra la corrupción, que es un fenómeno que no respeta ningún tipo de fronteras.

En lo tocante a los llamados “tránsfugas” partidarios, se hace un juego calculado de fechas en relación con la sentencia constitucional que impide a los que cambiaron de partido postularse por su nuevo partido para las elecciones de 2018. Según la reforma, sólo están impedidos de hacerlo los que efectuaron el cambio a partir del 1 de marzo de 2017, cuando se dio la sentencia.

Es deplorable que decisiones legislativas como las consumadas esta semana se sigan dando a costa de la normalidad del sistema. Hay que activar políticamente los correctivos necesarios.
 

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