Se vuelve cada vez más urgente entrar en fase de acuerdos consensuados en el tema fiscal y en otros temas básicos para la buena marcha del país

La manía de pronunciarse en público sobre lo que aún no ha pasado en privado es la mejor forma de boicotear el esfuerzo. Un pacto de prudencia al respecto resulta vital. Y, desde luego, hay que evitar el espadeo de las descalificaciones, que también es inútil y desgastante.
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Desde hace ya bastante tiempo, la problemática fiscal se ha ubicado en el centro de las más apremiantes urgencias que dominan la realidad en nuestro ambiente, aquejado de tantos otros trastornos estructurales y coyunturales. Es claro, y las evidencias sobran al respecto, que el manejo de los asuntos públicos viene estando marcado por una tendencia malsana a la irresponsabilidad y a la indisciplina; y como eso se ha reiterado de manera sistemática, hoy se está literalmente con el agua al cuello, ya sin ninguna posibilidad de acudir paliativamente a los recursos artificiosos que se ingeniaron los gestores gubernamentales del pasado. Recuérdense, para el caso, los fantasmales fideicomisos que sirvieron, en su momento, para escapar de los apremios presupuestarios.

Ahora, ya no queda más salida que encarar los hechos como son; y, en el caso de la situación fiscal, aunque se hace insoslayable acudir al endeudamiento como tabla de flotación, ya es patente hasta la saciedad que hay que entrar de inmediato en una lógica real de responsabilidad y disciplina, sin las cuales no es factible ninguna solución sostenible en el tiempo. Hemos repetido hasta el cansancio que sin austeridad y sin autocontrol ya no se puede seguir. En lo que a las finanzas públicas se refiere, esto implica identificar sinceramente los ingresos, programar y organizar los gastos en forma sensata y consecuente, y ejercer todas las funciones que se vinculan a ello de manera transparente y correcta.

Dadas las condiciones que están vigentes en el actual ejercicio de la gestión pública, el método indicado para superar los obstáculos presentes y para asegurar un buen dinamismo hacia adelante es el de las políticas consensuadas. Y esto se manifiesta con imperativo aún mayor en el plano de las finanzas, porque la coyuntura está reclamando endeudamientos programados, y estos sólo pueden lograrse con mayoría calificada dentro de la Asamblea Legislativa, lo cual requiere sumar los votos de los dos partidos mayoritarios, ARENA y el FMLN.

El Gobierno, ante los apremios que lo acorralan, vuelve a invitar al diálogo. Pero esto, puesto así, sin mayores definiciones previas, ya se ha visto que no lleva prácticamente a nada sustancial. Dos cosas son elementales de entrada: establecer un mecanismo de diálogo negociador que realmente funcione y habilitar las garantías pertinentes para que lo que vaya siendo acordado se cumpla. Hay que verse en el espejo de lo que se acordó en noviembre pasado entre ARENA, el FMLN y el Gobierno y que luego se quedó en el aire. Ese tipo de fallas se convierten en factores contraproducentes que no sólo obstruyen el proceso sino que enconan las relaciones.

La ONU está hoy de nuevo en el juego, con una iniciativa de apoyo práctico al diálogo que se busca replantear en el país. Habría que empezar por el método y por la forma de manejar las reacciones de las partes durante ese proceso. La manía de pronunciarse en público sobre lo que aún no ha pasado en privado es la mejor forma de boicotear el esfuerzo. Un pacto de prudencia al respecto resulta vital. Y, desde luego, hay que evitar el espadeo de las descalificaciones, que también es inútil y desgastante.

Esperemos que en esta ocasión se puedan establecer las bases y los lineamientos de un diálogo constructivo y fructífero. El país lo demanda y lo necesita.

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