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Sean probos. Aprueben la Ley de Probidad

A mediados de 2013, varias instituciones de la sociedad civil tuvieron a bien aunar esfuerzos para que –junto con la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia– se pudiera elaborar una propuesta de Ley de Probidad Pública.
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Tal esfuerzo respondía a una necesidad impostergable. Y es que en nuestro país, hemos contado hasta el día de hoy con una Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data de 1959, la cual ciertamente no ha cumplido con el propósito para el que fue dictada.

Varias son las razones por las que esta obsoleta ley no ha funcionado. Estas razones van desde la complicidad de sus aplicadores, pasando por la laxitud del régimen sancionatorio contenido en ella y la inexistencia de instituciones adecuadas que velen por su cumplimiento, hasta la falta de una cultura de transparencia y probidad en el ejercicio de la gestión pública. La misma desidia ciudadana ha jugado un rol importante en la inefectividad de esta ley.

El esfuerzo iniciado en 2013 llevó a que en abril del presente año se conformara el Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, del cual el CEJ forma parte desde julio de este año. En términos sencillos, el propósito del Equipo Gestor es impulsar la pronta aprobación del proyecto de Ley de Probidad Pública.

Importantes pasos se han dado ya en este cometido. Desde el mes de junio se dio iniciativa de ley a la propuesta del Equipo Gestor y, desde entonces, varias reuniones se han sostenido tanto dentro como fuera de la Asamblea Legislativa, en las que se ha podido discutir el contenido y alcance de la propuesta.

De forma resumida, la iniciativa de ley contempla la creación de una Dirección de Probidad de carácter autónomo, que sustituya a la actual Sección de Probidad que funciona como una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo funcionamiento ha estado a merced de los vaivenes acontecidos en la cúpula del Órgano Judicial. A esta Dirección de Probidad se le atribuye la vigilancia y aplicación de la ley.

La iniciativa de Ley también exige que las declaraciones patrimoniales que deben presentar los funcionarios y empleados públicos sean mucho más amplias que las que actualmente se presentan, que se incluyan potenciales conflictos de interés que limiten la actuación decente de los funcionarios y que exista la obligación de presentar tales declaraciones, no solo mientras duren en sus respectivos cargos, sino que tal obligación se prorrogue por algunos años después del cese en sus cargos.

En adición, se propone un régimen sancionatorio que de verdad desaliente la inobservancia de la ley y que no provoque incentivos perversos en los funcionarios de turno quienes hoy día, en muchos casos, prefieren incumplir la ley y ser sancionados, que sujetarse a un eventual escrutinio. Las sanciones que se proponen en el proyecto llegan incluso hasta la inhabilitación del funcionario.

Estamos convencidos de que la aprobación de esta ley marcará un antes y un después en la gestión y administración de los recursos del Estado. Sabemos que su aprobación tendrá tanta relevancia como la que en su momento tuvo la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y vaticinamos que la Dirección de Probidad llegará a tener un rol tan protagónico como el que ahora ya tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Si hoy estamos siendo testigos de que con una ley obsoleta y deficiente, cuando esta se quiere aplicar se pueden cuestionar presuntos enriquecimientos ilícitos de algunos funcionarios, estamos seguros de que al contar con un cuerpo normativo moderno y con las herramientas suficientes disminuirá radicalmente el riesgo de utilizar y usufructuar ilícitamente los recursos públicos.

Señores diputados, les pedimos aprobar ya la Ley de Probidad Pública.

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