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Secreto bancario y el fisco

Hace algunos días se ha anunciado la iniciativa de ley del presidente de la República para la creación de impuestos a las operaciones bancarias y a la liquidez, lo que parece no haber causado ningún impacto en el sector bancario ni en la población en general.
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El impuesto propiamente no es objetable en cuanto método de recaudación de fondos por parte del Estado, un porcentaje del 0.25% sobre el monto de cheques o transferencias (más o menos lo que ganamos los notarios por otorgar y registrar escrituras de sociedades, ventas, préstamos...); pero llama la atención que no se ha oído ninguna voz señalando que el secreto bancario, que cubre esas operaciones, se verá afectado de manera general por la información que los agentes de retención, las entidades bancarias, casas de corredores, puestos de bolsa, etcétera, deberán entregar al fisco mensualmente para comprobar que se ha cobrado el impuesto sobre todas las operaciones realizadas por sus depositantes, personas naturales y jurídicas, cheques emitidos, pagos, transferencias y desembolsos, adicionando además todas las remesas que hayan recibido, aun en efectivo, siempre que la suma total mensual de tales operaciones activas y pasivas exceda los $3,000, exceptuando los cheques y transferencias para el pago de salarios, préstamos, servicios de agua y energía eléctrica; pero para excluirlas tiene que hacerse una investigación de todos los pagos realizados.

Mucho se ha discutido sobre el secreto bancario, protegido por nuestra Constitución cuando establece en el artículo 2, entre los derechos individuales garantizados, el derecho a la intimidad personal. Todos aceptamos que el secreto bancario tiene sus limitaciones, especialmente cuando por resolución judicial deba hacerse conocer al tribunal las cuentas de aquel que es objeto de una investigación criminal; pero por otra parte consideremos que el artículo 24 de la misma Constitución prescribe que la correspondencia es inviolable y que solo en virtud de una ley especial se determinará aquellos delitos en que podrá concederse autorización para violar esa clase de intimidad. La información que reciba el fisco de todas las cuentas de los depositantes (comprobantes de depósitos y pagos) constituye una violación a la correspondencia, a los informes mensuales que los bancos envían a sus depositantes, contentivos de sus estados de cuenta, en que aparecen todas las transacciones, depósitos, retiros, transferencias, cheques pagados, etcétera, pues es precisamente la base de tales estados la que estaría indiscriminadamente en manos del fisco.

También resulta sumamente interesante ese control, pues el fisco podría tener un instrumento similar a la declaración patrimonial, ya que podría ver los cambios en la situación financiera de la ciudadanía y con ello dirigir investigaciones para determinar el pago de impuestos para muchos, como funcionarios públicos y privados, hombres de negocios y empleados, lo que posiblemente produciría un sensible incremento en el Impuesto Sobre la Renta de muchas personas.

Siempre buscando el lado positivo de tal regulación, cabría adicionarla en forma tal que cuando cualquier funcionario tuviera ingresos superiores a sus depósitos promedio, por ejemplo el doble, y apareciera claro que se trata de transacciones extraordinarias, ello se comunicara directamente a la Fiscalía General de la República para que pueda hacer una investigación de su conducta y decidir si procede investigar algún delito, en cuyo caso, con la orden judicial, se podría obtener toda la documentación bancaria correspondiente y ayudaría a controlar la corrupción.

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