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¿Segunda o tercera?

Indiscutiblemente hace falta una instancia que centralice información confiable y comparable que incluya la realidad, que rebasa la ley de salarios que anualmente aprueba la Asamblea.
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Los órganos Ejecutivo y Legislativo unen esfuerzos para propiciar un retiro voluntario de servidores públicos. Buscan aliviar las finanzas públicas y han establecido condiciones atractivas. Los que están jubilados y actualmente tienen una plaza en la administración pública pueden acogerse voluntariamente.

Los que están en proceso de jubilación pueden acogerse y acelerar la salida. Los que están en edad de jubilación y no lo han hecho también pueden hacerlo. Todos tienen libertad de decisión. Nadie los puede obligar. Dicen que una vez que se liberen las plazas, estas quedan congeladas. Y dicen que va a servir para ahorrarle al fisco unos cuantos millones. Esta no es la primera vez.

No es la primera vez y siempre se hace aduciendo por las mismas razones. La primera vez que se adoptó esta medida se discutía el tamaño del empleo público. El número de plazas parecía excesivo, aunque nadie razonó ni justificó esta valoración y mucho menos hubo una propuesta sobre el empleo público, el número y la calidad. Todo se reduce al ahorro. Nada más.

En el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda aparece información del Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH). Aclaran que no tienen información del Ministerio de la Defensa, del Órgano Legislativo, del Órgano Judicial, de la Corte de Cuentas ni de las empresas públicas.

Debe tenerse presente que hay cuatro empresas públicas y 50 instituciones descentralizadas no empresariales. De estas 54 instituciones poco o nada se conoce sobre el número de plazas ni la estructura salarial. ¿Y de las alcaldías municipales?

Indiscutiblemente hace falta una instancia que centralice información confiable y comparable que incluya la realidad, realidad que rebasa la ley de salarios que anualmente aprueba la Asamblea Legislativa.

¿Qué dice el SIRH? La información más reciente es de 2011. Registra 147,755 empleados, que representan alrededor del 6% de la Población Económicamente Activa ocupada. Poco relevante. De todos los empleados que registra el SIRH, el 48% está en el departamento de San Salvador. El 48% son mujeres y únicamente el 13% son menores de 30 años, el 31% son docentes y el 30% es personal de administración y de servicios, el 10% tiene 9.º grado y el 33% tiene bachillerato, solo el 0.8% tiene posgrado; el 47% tienen salarios entre $300 y $600 y solo el 6% gana menos de $300 mensuales.

En toda la estructura del empleo en el Órgano Ejecutivo no más que el 1% es personal en la categoría de ejecutivo, y el porcentaje de empleados que tiene salarios mayores de $2,000 es similar (1%).

Poca información se tiene sobre el empleo público, sobre el número, el perfil y la estructura. ¿En el sector público se emplea el 10% o el 20% de los ocupados en el sector formal?

Tener información pública sobre los responsables de hacer funcionar el aparato del Estado es importante y necesario. Solo de esta manera es posible enjuiciar si efectivamente la riqueza que se canaliza vía impuestos se traduce en servicios efectivos y de calidad.

Solo así es posible estar seguro de que esa riqueza no se queda atrapada en la burocracia y, peor, que no se queda atrapada en beneficios para estamentos privilegiados en el interior de la burocracia. Poco se conoce sobre el empleo público, poco se conoce sobre los empleados por ley de salarios; mucho se especula sobre los empleados con contratos por servicios profesionales que se ocupan de funciones permanentes; mucho menos se habla de los sistemas de contratación, selección y evaluación de personal; y nada, sino esta semana, se dice sobre el número de servidores públicos que estando jubilados han sido nuevamente contratados. Dicen que los que tienen “dobles pagos” son 6,000 y que le cuestan al país $33 millones. Y dicen que algunos son indispensables por su experiencia profesional.

¿Para dobles pagos se necesita una ley de retiro voluntario? La administración pública debe ser un espacio para empleo de calidad sobre el mérito personal. Es un espacio para el “primer empleo” de jóvenes profesionales. Pero ¿a quién se le pregunta sobre el empleo público? Y más: ¿qué quieren hacer con el empleo público? Para enfrentar deficiencias, siempre se van por la medida fácil: un decreto de retiro y siempre es lo mismo.

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